Se percibía en el aire que el primer día del juicio por la desaparición de Paula Perassi no iba a ser  fácil. La angustia y la ira de no saber que pasó con la sanlorencina desaparecida el 18 de septiembre de 2011 se podía ver en los rostros de los papás de la mujer y en los cientos de mujeres que fueron a acompañar a Alberto y a Alicia frente al Centro de Justicia Penal en un acampe desde las 6.00 h.

Más tarde, fueron llegando los familiares de los imputados, quienes se ubicaron en un costado, lejos de las organizaciones, y se los observaba también nerviosos, con angustia, porque creen en la inocencia de sus padres, esposos e hijos y así lo hicieron saber colgando algunos pasacalles en las cercanías del edificio con una frase: «Acusar a inocentes no es justicia, venimos en búsqueda de la verdad».

Pasadas las 8.30 h comenzaron a ingresar los imputados a la sala nº 7, los siete años y medio que pasaron los ubica a todos distintos, el paso del tiempo se notó en especial en los policías, con más canas, con rostros más alargados.

Cuando el tribunal compuesto por la jueza sanlorencina Griselda Strólogo, acompañada por Mariel Minetti y Álvaro Campos dieron comienzo a los alegatos, se inició un debate entre los abogados de Mirta Rusñiski ( señalada como la mujer que le practicó el aborto a Paula), Luis y Ángelo Rossini y la querella. Se planteó que la querella no tenía poder para intervenir en cuanto a su defendida porque no habían presentado ningún recurso, lo que la jueza Strólogo dio lugar, pero ante una recusación por parte de la querella integrada por los abogados Adrián Ruíz y José Ferrara, donde presentaron nueva documentación, el tribunal hizo lugar a la misma y la acusación a la presunta abortera sigue en pie.

Tras esa controversia, que no fue la única porque en el transcurso del debate se plantearon varias, como la expresada por el abogado del policía  Gabriel Godoy, José Nanni quien señaló que en la sala de audiencias contigua estaba presente uno de los testigos, algo que está prohibido durante el proceso, tampoco se le dio lugar y el tribunal explicó que estaba todo organizado para que esto no ocurriera. Pero el letrado solicitó que se les otorgara a los policías que custodian el ingreso a las salas una lista con los nombres de los testigos que declaran cada día.

Otro punto planteado por los abogados de la defensa fue la ausencia en la sala del querellante, el esposo de Paula Perassi, Rodolfo Ortiz de Elguea. Aquí ocurrió otra contradicción porque al ser testigo no debía estar presente, pero los letrados señalaron que como parte del proceso debía estarlo. La querella respondió que Ortiz de Elguea representa a sus dos hijos menores de edad, y que ellos (Ruíz y Ferrara) tienen la representación legal de los mismos, por lo que no es necesaria la presencia en la sala de quien fuera el marido de Paula.

Tras estos puntos, la Fiscalía comenzó a exponer su investigación sobre la desaparición de Paula, embarazada de seis semanas, fruto de la relación extramatrimonial con Strumia. La hipótesis es que la  mujer fue llevada a la fuerza por Strumia y Díaz ( empleado de éste), para realizarle un aborto, el cual ella se había negado a realizar no sólo por cuestiones médicas sino por una decisión personal. Dicha práctica se llevó a cabo en la casa de Mirta Rusñiski en Timbúes y que la esposa de Strumia, Roxana Mitchl no sólo estaba al tanto de esa infidelidad y del embarazo, sino que fue cómplice de su desaparición y de plantar pruebas falsas posteriormente para despistar a los investigadores.

Además, la fiscalía consideró que ese plan fue encubierto por el  entonces jefe de la Agrupación Cuerpos, Daniel Puyol y del responsable de la por entonces Agrupación de Unidades Especiales, Jorge Krenz, y de los policías a cargo, Aldo Gómez, Gabriel Godoy y María José Galtelli quienes mantuvieron la impunidad de los principales sospechosos, al no solicitar determinadas pruebas, avisar previamente a los investigados de los allanamientos, de destruir pruebas, entre otras cosas.

Por lo tanto, el fiscal Dr. Donato Trotta acusó formalmente a:

* Gabriel Héctor Strumia, Roxana Andrea Michl, Antonio Darío Díaz y Mirta Dominga Ruñisky por los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte en calidad de coautor y en concurso real solicitando la pena de prisión perpetua.

* Adolfo Daniel Puyol por los delitos de Encubrimiento por favorecimiento personal y real y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario publico en concurso real, en calidad de autor, solicitando la pena de 6 años de prisión efectiva e inhabilitación especial 10 años de ejercer cargos públicos.

* Jorge Enrique Krenz, Aldo Gomez, Gabriel Mario Godoy y Maria José Galtelli, por los delitos de Encubrimiento por favorecimiento personal, por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario publico, por sustracción y destrucción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente y falsedad ideológica de instrumento publico en concurso real, en calidad de autor solicitando la pena de 16 años de prisión efectiva e inhabilitación especial 10 años de ejercer cargos públicos.