La solicitud del sindicato aceitero del departamento San Lorenzo a la Justicia Federal para que el abogado condenado por delitos de Lesa Humanidad, Pedro “Pili” Rodríguez, tenga salidas laborales para asesorarlos “gremial y políticamente” generó una ola de repudio desde distintos sectores y la CGT San Lorenzo también fijó posición de “repudio” y “desacuerdo” con “la posibilidad que la Justicia conceda beneficios que atenúen la condena en delitos de Lesa Humanidad”.

La nota firmada por el abogado de Rodríguez, Gonzalo Miño, solicitaba «una salida de laboral de dos veces por semana, por espacio de tres horas: los días miércoles de 16 a 19 y los días jueves de 15 a 18 , para cumplir funciones de asesoramiento en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, sito en calle Córdoba 1125 de la ciudad de Puerto General San Martín». Y acompaña la nota suscripta por Reguera, secretario general del Sindicato Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, quien manifiesta el deseo del Sindicato de poder contar con el asesoramiento de Rodríguez en «materia gremial y políticas dada su vasta trayectoria en el campo gremial, cuenta con la suficiente sapiencia y experiencia para tales fines».

La nota expresa además que «por tal actividad, este gremio no solo ofrece una pequeña retribución dineraria sino también la capacidad mobiliaria para realizar las mismas, como también asumir la responsabilidad de su traslado y posterior regreso a su domicilio, a fin de garantizar suficientemente su sujeción al proceso penal que afronta».

En un comunicado firmado por el secretario general del confederal regional, Jesús Monzón, y el adjunto, Mauricio Brizuela, el movimiento obrero organizado del Cordón Industrial solicita al Tribunal Oral Federal 4 que “no haga lugar al pedido efectuado por un gremio integrante de la central obrera para desempeñarse como asesor”.

Cabe recordar que en agosto de 2013, Rodríguez fue condenado a 8 años y medio de prisión por el secuestro, torturas y tormentos cometidos contra el secretario general de trabajadores municipales de San Lorenzo. Desde 2014 permaneció detenido dos años en Marcos Paz y desde 2016 cumple prisión  domiciliaria en su casa del  country Solares del Carcarañá. Además, junto a él habían sido condenados los militares  Rubén Cervera, fallecido durante su prisión domiciliaria en 2018 y Horacio Maderna, también en prisión domiciliaria.