El equipo de abogados defensores del gremialista y titular de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Puerto San Martín (CTP), Herme Juárez, apeló ante la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín el auto de procesamiento del dirigente por diversos «errores técnicos» que ocurrieron durante el desarrollo de la causa y comprometieron el derecho de defensa. La medida se fundamenta en que al inicio del expediente, a principios de 2018, se incorporó un requerimiento fiscal por sospechas sobre actividades relacionadas al narcotráfico mencionadas en una denuncia anónima. Cuando esa acusación cayó por ausencia de pruebas, el juez federal de Campana que entiende en la causa, Adrián González Charvay, dijo que habría otros delitos de índole económico, pero no realizó requerimiento fiscal sobre esa situación.

El magistrado, luego de esa observación, informó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y este organismo comenzó a investigar, pero sin que exista requerimiento fiscal sobre los supuestos delitos económicos. «Nuestro sistema penal inquisitorio exige que exista indefectiblemente un requerimiento fiscal. El juez es solamente un director de todo el proceso. Si eso no se da, se compromete todo el proceso, como creemos que se dio en este caso», explicó Gastón Rabadé, uno de los letrados defensores.

«La investigación de las actividades que podrían estar relacionadas con el lavado de activos de origen ilegal resulta nula desde su inicio. Fue lanzada de oficio sin instancia alguna de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal, en repugnancia con las garantías de defensa en juicio y el debido proceso legal, así como del principio acusatorio, pilar fundamental de nuestro sistema republicano de gobierno», indicó el letrado.

«Si cae la causa por nulidad —que deberán resolver los jueces Alberto Lugones, Juan Salas y Marcelo Fernández— vuelve todo a la situación previa a la actuación de la Justicia y además se abre la puerta para iniciar un reclamo judicial contra el Estado, además de un jury de enjuiciamiento al magistrado que intervino de modo irregular», explicó Rabadé.

Salud debilitada

El defensor se mostró además sorprendido porque aún no se decidió sobre el pedido de prisión domiciliaria que solicitaron a poco de la detención de Juárez. «Se está conformando el incidente domiciliario, estamos facilitando los certificados médicos para acreditar lo que sostenemos desde hace tiempo sobre la salud de Herme, y consideramos que están todos los extremos dados para que, de un momento a otro, se tome esa decisión», argumentó.

También señaló que Juárez «se encuentra bien en lo anímico, pero su estado de salud, que es monitoreado permanentemente por profesionales, presenta altibajos. Los informes no son buenos y tememos que todo este episodio lo resienta de algún modo», admitió.

Mientras tanto, desde diversos sectores sindicales continúan haciéndose oír las voces que advierten sobre las segundas intenciones del proceso de detención de los dirigentes de la CTP y del Sindicato de Trabajadores Portuarios (Supa).

Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) advirtieron que se encuentran en estado de alerta por las posibles pérdidas de fuentes de trabajo y de precarización de sus trabajadores. No descartan la posibilidad de implementar medidas de fuerza porque entienden que se viene la intervención del Supa y con ella el avance sobre los derechos laborales.

Fuente: La Capital