Miguel Salvador Ernesto Moreno y Sebastián Rodrigo Narvaja, fiscales del Ministerio Público de la Acusación en el Área Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Santa Fe, han solicitado penas de hasta cinco años de prisión para 14 ex directivos de Vicentin SAIC y Renova SA, acusándolos de administración fraudulenta.

En su denuncia, los fiscales describen un “manejo promiscuo” entre ambas empresas, sugiriendo que intercambiaban mercadería de acuerdo a sus necesidades. Esta acusación se basa en una denuncia de Commodities SA, de la familia Grassi, que entre 2018 y finales de 2019 depositó en Renova un total de 500.785 toneladas de soja en dos modalidades: a fijar y en custodia. De este total, se vendieron 445.177 toneladas a Vicentin, que era la compañía matriz de Renova en ese momento.

Al final de 2019, tras la cesación de pagos de Vicentin, los accionistas de Commodities intentaron recuperar 55.639 toneladas que quedaban almacenadas en Renova, valoradas en 23,7 millones de dólares, pero no tuvieron éxito. Por otra parte, esas toneladas nunca fueron vendidas o transferidas oficialmente a Vicentin, aunque sí se trasladaron entre el 31 de mayo de 2019 y el 30 de junio de 2020, incluso después de que Vicentin declaró su cesación de pagos.

“Las autoridades de Commodities SA se dieron cuenta de estas irregularidades al revisar la documentación del concurso de Vicentin. En ese contexto, Vicentin reconoció en su presentación que tenía deudas con Commodities debido a la adquisición de 49.100 toneladas de soja”, indica el informe.

Los fiscales argumentan que estas transacciones intentaron atribuir a Vicentin responsabilidades de pago que en realidad pertenecían a Renova, que estaba al día con sus obligaciones. Cabe recordar que un día antes de declarar la cesación de pagos, el 3 de diciembre de 2019, Vicentin vendió el 16,6% de su participación en Renova a una empresa de Viterra por 122,7 millones de dólares, lo que permitió a la firma europea controlar Renova.

Los fiscales identifican a Eduardo Gancberg, ex presidente de Renova y antiguo CEO de Viterra, y Daniel Buyatti, director de Renova por Vicentin, como los principales responsables de la supuesta administración fraudulenta, solicitando para ambos una pena de cinco años de prisión y otras medidas legales. Para Máximo Padoán, piden cuatro años y seis meses, y para Diego Mejuto y Daniel Pájaro, cuatro años. Los demás involucrados, que incluyen a Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze y otros, enfrentan peticiones de tres años y seis meses de cárcel.

Finalmente, los fiscales han pedido que se inicie un juicio oral con un tribunal colegiado para juzgar el caso.