Tras una reunión que se llevó a cabo el viernes con los sindicatos y la Federación aceitera, donde participaron las autoriadades de la empresa, Vicentín emitió un comunicado ayer, donde confirma que solo pagará el 30% de los salarios a los empleados.

“La empresa informa que debido a la crítica situación financiera por la que atraviesa actualmente, se ve imposibilitada de afrontar el pago de la totalidad delos haberes devengados del mes de febrero, por ende, el día lunes 10 de marzo acreditará el 30% del neto correspondiente, siendo una prioridad a medida quese reciban fondos anticipados provenientes de los fazones a realizar, ir cancelando los haberes hasta completar el 100% de los mismos”, señalaron en un comunicado que lleva la fecha del domingo.

“Lamentamos esta situación de incertidumbre que afecta directamente en la vida
de nuestros colaboradores. Estamos trabajando con la mayor celeridad posible
en la búsqueda de alternativas para restablecer la estabilidad laboral,
alcanzando acuerdos que permitan normalizar los procesos productivos de las Plantas”.

Durante una audiencia convocada el viernes por el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini (quien ya no forma parte del caso), se dejó en claro que Viterra, Bunge y ACA, considerados inversores estratégicos, se comprometieron a mantener su potencial inversión en la propuesta concursal durante seis meses, sujeta a la homologación del acuerdo.

En ese contexto, Daniel Succi, secretario general del SOEA, solicitó la intervención de la empresa. Roald Báscolo, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, siguió atentamente las deliberaciones que duraron tres horas, las cuales, por su extemporaneidad, no tuvieron efectos o consecuencias jurídicas.

Expresó profunda preocupación por la falta de claridad y transparencia en la administración de la empresa y dejó claro que la prioridad del sindicato es la conservación de los puestos de trabajo y el pago de salarios a los trabajadores, explicando que no tienen preferencia por quién se haga cargo de la empresa, siempre que se garantice la estabilidad laboral.

Suchi criticó la gestión de Vicentín, señalando que desde que terminó la intervención judicial el 31 de agosto, la empresa ha enfrentado graves problemas de caja. “Estamos muy preocupados porque vemos que la administración de Vicentín hoy cambió radicalmente”, afirmó, solicitando una nueva intervención que permita un control más efectivo sobre las operaciones y las finanzas de la empresa.

Además, Suchi hizo un llamado a la responsabilidad de la administración actual, sugiriendo que todos los involucrados deben asumir su parte en la crisis. “Las empresas necesitan de los trabajadores para poder generar riqueza. Si no le pagan los salarios a los trabajadores, no solo no van a cobrar los trabajadores, no va a cobrar nadie de los acreedores”, advirtió, enfatizando que la falta de pago podría llevar a un colapso total de la operación de Vicentín.

Suchi reflejó en la audiencia, la angustia y la determinación de los trabajadores de Vicentín por asegurar sus derechos laborales en medio de una crisis empresarial que amenaza su futuro.

Tanto el SOEA como la Federación aceitera dejaron claro que de no cumplirse los pagos de los salarios, volverán a la lucha con la paralización de las plantas y adelantaron que la medida de fuerza podría alcanzar a todas las agroexportadoras del país.

Vicentín aún no ha podido ratificar nuevos contratos de fason, mediante los cuales procesa los granos de terceros en sus plantas. Sin estos contratos, la empresa sostiene que no podrá cumplir con una nómina salarial que asciende a unos 4 mil millones de pesos mensuales.

El pedido a la Corte

Guido Javier Ferullo, apoderado de la concursada Vicentín SAIC y respaldado por los abogados Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Torricelli, presentó un Recurso Extraordinario Federal (REF) ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Esto se llevó a cabo en contra de la sentencia del máximo tribunal provincial, que el 18 de febrero pasado anuló la homologación del acuerdo alcanzado por la empresa con sus acreedores.

La Corte consideró inconstitucional el fallo de la Cámara de Reconquista que había homologado dicho acuerdo y ordenó una nueva revisión del caso a la Cámara de Rafaela. Esta decisión se debió a que la homologación del acuerdo, que había sido aceptado por el 62% de los acreedores que representan el 72% del capital defaulteado de 1.573 millones de dólares, infringía el principio de igualdad, según lo argumentado por Commodities SA.

La incertidumbre generada por esta situación legal incrementa las dudas sobre el futuro de la empresa, que emplea a 1.200 trabajadores de manera directa y posee parte de la planta de Renova en Timbúes, un puerto y planta en San Lorenzo, una planta en Ricardone, el 100% de las acciones de Renopack S.A. y el 34% de Patagonia Bioenergía S.A., además de otra planta en Avellaneda.

Este caso es de gran relevancia en la provincia. Hasta que Vicentín se presentó en concurso preventivo el 10 de febrero de 2020, contaba con estos activos y tenía el 24% de la molienda de girasol y el 21% de la soja producida en el país. Actualmente, su participación ha disminuido al 10% y 15%, respectivamente; sin embargo, sus directivos afirman que su actividad ha estado por encima del promedio nacional gracias a los contratos de fason.