En sintonía con ciudades de todo el país, organizaciones, familiares y personas con discapacidad se movilizaron en San Lorenzo para reclamar la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Denuncian falta de pagos, recortes en prestaciones y abandono estatal.

Este jueves miles de personas participaron de una jornada nacional de protesta en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Las movilizaciones se replicaron en al menos 14 distritos del país, entre ellos la ciudad de San Lorenzo, donde el Paseo del Pino fue escenario del reclamo por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que será tratada el próximo miércoles en la Cámara de Diputados.

Convocadas por organizaciones sociales, ONGs, familiares, prestadores y personas con discapacidad, las manifestaciones buscaron visibilizar una crisis estructural del sector, que denuncian como resultado de recortes presupuestarios, falta de pagos a prestadores de servicios, demoras en la entrega de pensiones y violaciones sistemáticas a leyes vigentes como la 24.901 (de prestaciones básicas) y la 27.044, que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

 

 

 

 

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Entre las principales consignas de la protesta se señalaron:

• Quita de Pensiones No Contributivas
• Falta de cobertura médica y medicamentos
• Incumplimiento del cupo laboral del 4%
• Deudas acumuladas con prestadores (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares)
• Honorarios congelados desde febrero de 2023 para trabajadores de talleres protegidos, que perciben apenas $28.000 mensuales

Además, se denunció el desmantelamiento de auditorías y el virtual parálisis en el otorgamiento de pensiones: en los últimos 14 meses solo se aprobaron 586 solicitudes de más de 500.000 presentadas.

Los manifestantes exigen la aprobación inmediata de la ley, que busca declarar la emergencia del sector, definir un presupuesto específico, garantizar pagos en tiempo y forma, y asegurar el cumplimiento de los derechos establecidos por la legislación vigente.

“No se trata de privilegios, se trata de derechos humanos básicos. El Estado no puede mirar para otro lado”, señalaron los organizadores del reclamo en San Lorenzo.

El país aguarda ahora la sesión parlamentaria del próximo miércoles, que será clave para determinar el futuro de miles de personas con discapacidad y de los profesionales que sostienen el sistema día a día.

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