Este viernes finalizó el período para inscribirse en el registro habilitado por el juez Fabián Lorenzini, donde Nueve empresas confirmaron su participación para formar parte del proceso de “cram down” de Vicentin SAIC, que se desarrollará en lo que resta del año.

Las firmas que presentaron propuestas para rescatar a la compañía en concurso y en situación de intervención son: Molinos Agro, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Commodities SA (Grupo Grassi), Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), Bunge, Viterra, Bioenergías Agropecuarias, Barbero Cereales y Yabitel SA.

Cabe señalar que, si bien Bunge y Viterra están gestionando una fusión a nivel global, en Argentina ambas filiales continuarán operando de manera independiente por el momento.

Muchos de los interesados están dedicados a moler granos en las instalaciones de Vicentin. En la planta aceitera de San Lorenzo, Cargill, Bunge, Viterra, ACA, Molinos Agro y UAA procesan soja, mientras que el Grupo Grassi realiza moliendas de girasol. En Ricardone, UAA también emplea la planta para girasol.

Por su parte, Bioenergías Agropecuarias, parte del grupo Essential Energy Holding, había sido usuaria de la planta de bioetanol de Vicentin en Avellaneda y, a fines del año pasado, presentó a YPF un proyecto para explotar esas instalaciones, que actualmente están desactivadas.

Asimismo, Barbero Cereales —empresa de la familia homónima— funciona como satélite de la aceitera cordobesa Aceitera General Deheza. Yabitel, una firma azucarera de Tucumán, manifestó interés en la planta de bioetanol de Avellaneda.

El juez Lorenzini explicó, mediante un escrito, que en caso de ser necesario, se convocará a una audiencia con los interesados inscritos para que informen sus necesidades respecto a documentos contables. Esto busca garantizar igualdad de condiciones para todos los postulantes y facilitar la formulación de propuestas concordatarias, además de definir requisitos de postulación y monto de mantenimiento de la oferta.

Luego de esta etapa, se establecerán los plazos para la inscripción definitiva, que incluye el pago de un canon, la designación del evaluador, la presentación de la valuación, período de observaciones, audiencia informativa y los tiempos para obtener las mayorías necesarias.

En el proceso de “cram down”, los acreedores pueden aceptar varias propuestas de interés, aplicándose reglas similares a las del acuerdo de mayoría y requisitos de forma, pero en lugar de una sola oferta oficial, compiten todas las presentadas.

Si ninguna propuesta logra la mayoría requerida, la empresa en concurso será declarada en quiebra definitiva.

En tanto, en diciembre pasado, CIMA Investments S.A., propiedad de Esteban Antonio Nofal, adquirió las acreencias concursales de diversas instituciones internacionales, incluyendo IFC, FMO, Natixis, Rabobank, MUFG Bank, ING y Sumitomo Mitsui Bank, por un total de aproximadamente 447,1 millones de dólares.

Cabe señalar que CIMA mantiene vínculos cercanos con Commodities S.A., por lo que la propuesta de la familia Grassi tiene buenas chances de avanzar, considerando la mayoría por capital en juego.

El próximo paso será la evaluación de las propuestas concretas, las cuales deberán incluir un plan de pago a los acreedores, muchos de los cuales, tras más de cinco años de concurso preventivo, consideran la mayor parte del pasivo como una pérdida definitiva.