Los transportistas que brindan servicios a personas con discapacidad iniciaron suspensiones programadas de sus actividades ante la crítica situación económica que atraviesa el sector. La decisión, motivada por la “desesperación” de los trabajadores, se debe al congelamiento de las tarifas y el aumento descontrolado de los costos operativos desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Aclararon que no se trata de un paro organizado, sino de una medida de supervivencia frente a un escenario insostenible.

“Veníamos advirtiendo esto”: el reclamo del sector

Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (ATRAES), expresó su preocupación por la grave crisis que afecta al sector. “Desde diciembre de 2023, cuando asumió este gobierno, teníamos un arancel de $272 y el combustible costaba $328. Hoy el arancel es de $541, pero el combustible supera los $1500”, detalló. Esta brecha entre ingresos y gastos hace inviable la continuidad del servicio.

Falta de respuestas y consecuencias para las personas con discapacidad

La ausencia de soluciones por parte de las autoridades y el avance de la inflación han dejado a los transportistas en una situación límite. A nivel nacional, advierten que estas suspensiones perjudican directamente a miles de personas con discapacidad, limitando su acceso a salud, educación y otros derechos fundamentales.

En un comunicado, los transportistas explicaron que, aunque no hay una convocatoria formal a un paro, la medida surge como respuesta obligada ante la imposibilidad de sostener los servicios con los precios actuales. “Desde diciembre, el nomenclador de aranceles no se actualizó, generando un desfasaje que no podemos cubrir”, señalaron. Además, destacaron que el combustible, su principal insumo, se ha vuelto inaccesible debido a los constantes aumentos.

A pesar del impacto en los usuarios, los transportistas aseguran que no les queda alternativa. “Sabemos el daño que esto causa en las personas con discapacidad, que dependen de estos servicios para sus tratamientos, educación y vida social. No lo hacemos a la ligera, pero la realidad económica nos obliga”, concluyeron.

Mientras tanto, legisladores se reunieron en el Concejo para evaluar medidas que permitan paliar la crisis, aunque aún no hay soluciones concretas. La situación se agrava tras el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que ha generado más protestas y reclamos por parte del sector.