Femicidio de Carolina Díaz: un fallo divide las aguas: para la justicia, libertad; para la familia, terror

El miedo los encierra: los hijos de Carolina no quieren ir a la escuela tras la libertad de su victimario. La querella que representa a la familia de Díaz obtuvo que Grandi, absuelto esta semana, no pueda acercarse a menos de 100 metros.

En medio de un clima de tensión y temor, la familia de Carolina Díaz logró una medida cautelar que prohíbe a Luis Grandi acercarse a menos de 100 metros de sus domicilios, así como de instituciones y establecimientos que frecuentan los hijos de la víctima. La decisión se da en el marco de un proceso judicial que ha generado controversia, luego de que la Cámara de Apelaciones de Rosario revocara el fallo de primera instancia que condenaba a Grandi a la pena máxima por el femicidio de la mujer de 33 años pero mantuvo la pena de tres años por abusar sexualmente de una de las hijas de Carolina, que fue cumplida.

El impacto psicológico del fallo absolutorio en los niños ha sido inmediato y profundo. Desde que se conoció la notificación que dejó en libertad a Grandi, la vida de los hijos de Carolina se paralizó por completo. El temor a un encuentro fortuito con el hombre condenado por abusar de su familiar los ha recluido en su hogar, transformando su rutina diaria en un encierro angustiante. La asistencia a la escuela, un espacio que debería ser de contención y normalidad, se vio abruptamente interrumpida. Los niños se niegan a salir de casa, y actividades extracurriculares como el deporte también fueron suspendidas, evidenciando el nivel de trauma que la noticia ha generado en ellos.

La Dra. María Laura Maderna, abogada de la querella, explicó la importancia de la medida cautelar y relató el dramático efecto en la familia: “Venimos a buscar una previsión de acercamiento respecto del señor Grandi para que él, por más que tenga su libertad, no pueda moverse con libertad en la ciudad de Puerto San Martín”. Y agregó con contundencia una crítica hacia la jueza Minetti que votó en disidencia para que no se apliquen medidas de resguardo a la familia de la víctima: “No tiene en cuenta el miedo que tienen las víctimas, no tiene en cuenta el miedo que tienen esos menores, los hijos de Carolina, al enterarse de que el señor Grandi está en libertad”.

La negativa de los niños a ir a la escuela se ha convertido en un grito silencioso de auxilio, un indicador tangible del pavor que les genera la posibilidad de toparse con su victimario en la vía pública. Incluso la víctima directa del abuso, una menor, renunció a celebrar su cumpleaños, un evento esperado por cualquier niño, por el terror a un encuentro que, para ella, representa revivir el trauma.

Por su parte, el también abogado querellante Gabriel Filippini se refirió a la decisión de la justicia y adelantó que apelarán la resolución: “Vamos a seguir transitando los caminos que tenemos que transitar. Tuvimos un fallo que no fue unánime, fue con una disidencia, que un gran juez como es Salvador, que le dio a esta causa la visión del género que faltaba, dijo claramente: esto fue un femicidio”.

Filippini aseguró que las pruebas existen y que serán presentadas ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y, eventualmente, ante instancias nacionales. “Logramos lo que veníamos a buscar. No hay fallos o resoluciones que se amplíen con medidas como las que solicitamos hoy. Porque Grandi no se va a poder mover con libertad, al menos con el 100% de la libertad”, afirmó.

A pesar de la restricción de acercamiento, que busca devolver una mínima sensación de seguridad a la familia, la lucha legal continúa. “Este camino no se termina acá”, sostuvo Maderma mientras Filippini, por su parte, recordó que han acompañado a la familia durante años de dolor y angustia. “Hoy entiendo que la familia explote de esta manera porque lo ve a Grandi por primera vez frente a una cámara en libertad. Pero eso lo resolvieron los jueces. Y nosotros tenemos el derecho y la responsabilidad de apelar”.

Mientras los niños de Carolina intentan sobrellevar el encierro y el temor, la querella confía en que las próximas instancias judiciales reconozcan la gravedad del hecho y, sobre todo, el derecho de las víctimas a una vida libre de violencia y del miedo que hoy les impide, incluso, ir a la escuela.

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