Los acusados son el proveedor de los ejemplares de Granadero Baigorria, y otra persona que los vendía en redes sociales en San Nicolás. Se los acusa por comercio de fauna silvestre proveniente de la caza furtiva previsto y reprimido por la Ley 22.421 sobre Conservación de la Fauna Silvestre. Se constató gran cantidad de especies muertas producto de la actividad ilegal.

El Juzgado Federal N°2 de San Nicolás procesó a dos personas como responsables de comercio de animales de la fauna silvestre provenientes de la caza furtiva, en el marco de una causa por tráfico de aves y depredación del medio ambiente que investigó la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello. Al proveedor, oriundo de la localidad de Granadero Baigorria, le secuestraron 20 jaulas con especies como jilgueros dorados, reina mora, cardenales copetes rojo, corbatitas y varilleros congo, que luego eran vendidas a través una red social. Además, se incautaron cuadernos con anotaciones donde figuraban precios, ventas, y una significativa cantidad de especies fallecidas, todo lo cual corroboró la actividad ilícita.

El procesamiento, sin prisión preventiva, fue dictado el 11 de septiembre pasado por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo y recayó sobre los imputados Darío M.G. y Sergio G. por considerarlos, prima facie, autores del delito de comercio de especies protegidas, previsto y reprimido por el artículo 27 de la Ley 22.421 sobre Conservación de la Fauna Silvestre. Al primero se le trabó embargo por 600.000 pesos, y al segundo por 1.000.000 de pesos, y se dispuso que, en caso de no tener bienes para cubrir esos montos, se proceda a la inhibición general de ambos.

“El bien jurídico aquí protegido es la fauna silvestre en sí misma, independientemente de que su preservación sea de utilidad para el individuo. La ley tiende a la protección, conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional de las especies animales que habitan en nuestro país”, destacó el juez en su resolución.

La investigación

La investigación del tráfico de las especies protegidas, que encabezó el fiscal Di Lello, comenzó a mediados de 2023 cuando la Brigada de la División Unidad Operativa Federal San Nicolás de la Policía Federal Argentina (PFA) tomó conocimiento que un hombre comercializaba aves en el barrio Plastiversal de esa ciudad del norte bonaerense.

Según el relevamiento, en la casa se vendían cardenales, chalchas, reina mora, boyero de pico blanco, carpintero blanco, y hasta tortugas pequeñas. Además, se corroboró que el 4 de julio de 2023, a las 17.30, arribó al domicilio un vehículo con jaulas. Ese día se constató que en la red social Facebook, en un grupo de compra y venta de animales denominado “Gallinas San Nicolás”, el usuario Darío G. publicó que recibiría aves de todo tipo.

Mediante tareas de inteligencia se observó que de una camioneta Renault Duster descendió un hombre de 60 años, aproximadamente, que abrió el baúl y extrajo del interior una jaula con aves, ingresó a la vivienda de Darío G., y los pocos minutos se retiró con la jaula vacía.

Al mismo tiempo, a través de capturas de registros e interacciones en el grupo de Facebook se pudo relevar que una usuaria consultó si alguien vendía loros grandes que hablen, ante lo cual Darío G. respondió que llegarían “loros amazonas”.

Tras constatarse las maniobras ilícitas de compra-venta de aves, y que el vehículo que las trasladó a San Nicolás pertenecía a Sergio G., con domicilio Granadero Baigorria, el fiscal Di Lello pidió los allanamientos en los domicilios de las personas involucradas.

El 1 de febrero de 2024 se allanó la casa de Darío G., en Guido Spano al 500, de San Nicolás. En una de las habitaciones se encontraron cuatro jaulas de metal. En tres de ellas había ejemplares de cardenal y corbatita y tres aves sin vida. Las que pudieron ser rescatadas, fueron entregadas a la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, y enviadas a la Fundación Temaikén, en el partido bonaerense de Escobar.

El otro allanamiento se concretó al día siguiente en Rastras al 3500, de Granadero Baigorria, la vivienda de Sergio G.. En un galpón del inmueble se encontraron 29 aves: 16 jilgueros dorados, una reina mora grande, dos corbatitas, un lonchura striata (ave manón), seis varilleros congo y tres cardenales copete rojo, distribuidas en un total de veinte jaulas.

La fiscalía secuestró cuadernos con anotaciones claves sobre cantidades de aves, especies, precios y hasta la contabilidad de los ejemplares muertos.

Así mismo, en el lugar se secuestraron dos cuadernos con anotaciones y contactos. Uno de ellos estaba en el interior de un vehículo marca Volkswagen Crossfox estacionado en el garaje.

Al momento de los allanamientos las dos personas investigadas confirmaron que no contaban con documentación municipal y provincial habilitante para tener ejemplares de la fauna silvestre, o aquella que ampare su legítimo origen y tenencia. De esa situación dejó constancia la Brigada de Control Ambiental.

Especies en riesgo

Según consta en el procesamiento, al declarar en el marco de las actuaciones, la inspectora y asesora legal de dicha brigada, Mariángeles Montero manifestó que todas las aves encontradas pertenecen a la fauna silvestre y están protegidas por la Ley 22.421.

Además, remarcó que algunas aves están clasificadas como autóctonas, y advirtió que especies como el cardenal copete y el ave manón, poseen el agravante de que se encuentran incluidas en el apéndice II de la convención que regula el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.

En razón de los elementos de la causa, la fiscalía solicitó la declaración indagatoria de los dos ciudadanos, lo cual se materializó el 6 de agosto. En esa instancia, el fiscal destacó, además de las aves y elementos hallados, el valor probatorio de los cuadernos secuestrados en la casa del proveedor.

“Constan múltiples anotaciones que ilustran de punta a punta el despliegue y extensión del comercio ilegal y las consecuencias para las aves capturadas, pues se registran cantidad y especies traficadas, el valor de venta y aquellos ejemplares muertos”, precisó Di Lello en aquel dictamen.

Caza furtiva

Al resolver los procesamientos, el juez Villafuerte Ruzo dio por acreditada la materialidad de los hechos. Respecto al hombre de San Nicolás, destacó que comercializó animales de la fauna silvestre provenientes de la caza furtiva, lo que pudo constatarse con las tareas de vigilancia, el allanamiento en su casa, capturas de pantalla de las interacciones en Facebook, fotografías y las declaraciones testimoniales del personal policial que intervino en la investigación.

Sobre la conducta del imputado oriundo de Granadero Baigorria, el juzgado también dio por probada su conducta. Es que, al momento de la declaración indagatoria, se refirió al viaje a la casa del coimputado. “Fui a entregarle unos pichones, y tenía que hacer cambios por pajaritos, pero no me convenían, por eso me vieron entrar con la jaula con pájaros y salir con la jaula vacía. Al día de hoy me quedó debiendo”, dijo.

En cuanto a la participación de cada uno de los imputados, Villafuerte Ruzo afirmó que ambos acusados serían autores penalmente responsables del delito que se les ha atribuido. Para el juez, los elementos probatorios llevan a considerar que comercializaban las aves y, en el caso de Sergio G., también las transportaba.