El secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó en el Congreso que la reforma laboral que prepara el Gobierno buscará vincular los sueldos con la productividad individual y permitir acuerdos salariales por empresa. Desde la CGT advierten que el plan “ratifica el Decreto 70/23” y supone un retroceso en los derechos laborales.

El Gobierno nacional avanza con una propuesta de reforma laboral que introduce el concepto de “salarios dinámicos” y plantea modificar el esquema tradicional de paritarias colectivas por convenios de empresa. Así lo confirmó este miércoles el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Cordero explicó que el objetivo del Ejecutivo es “mejorar la eficiencia en la inserción laboral y mantener el equilibrio fiscal”, en un contexto marcado por la caída del empleo formal y el cierre de empresas. Según el funcionario, el plan se enmarca en la segunda mitad de la gestión de Javier Milei y busca “una nueva dinámica salarial” que premie la productividad individual.

“Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen un diferencial por mérito”, sostuvo Cordero, al detallar que el sistema permitiría aumentos atados al desempeño y no a la negociación colectiva por actividad.

Además, planteó que la reforma incluirá acuerdos salariales por empresa, lo que permitiría negociar con los sindicatos internos si las paritarias nacionales “quedaron muy por encima” de la capacidad de cada firma. Desde la Secretaría de Trabajo aseguran que ya mantienen conversaciones con las cámaras empresariales para evitar que los incrementos “se trasladen a precios”.

El proyecto cuenta con el apoyo del PRO y la UCR, mientras que el sindicalismo se muestra en alerta. Para la CGT, el esquema de “salarios dinámicos” y convenios descentralizados implicaría reducir el poder de negociación de los gremios y debilitar la protección de los trabajadores.

En ese sentido, Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, criticó duramente la iniciativa y afirmó que “no es más que la ratificación del Decreto 70/23”, rechazado y judicializado por la central obrera.

Prelación y ultractividad, los ejes del debate

Uno de los cambios centrales que el Gobierno analiza es modificar el principio de prelación de la Ley de Contrato de Trabajo, que hoy garantiza que siempre se aplique la norma más favorable al trabajador. Con el nuevo esquema, los convenios por empresa podrían tener condiciones inferiores a las de los acuerdos de actividad, algo que hoy está prohibido.

También se evalúa eliminar la ultractividad, es decir, la vigencia de un convenio colectivo aun después de su vencimiento, hasta que sea reemplazado por otro. Esta medida, respaldada por sectores empresariales, permitiría “negociaciones más dinámicas” y “acuerdos adaptados a la productividad”.

Por último, el proyecto contempla volver voluntarios los aportes sindicales, que requerirían la conformidad explícita de cada trabajador.

Un cambio estructural

El concepto de “salario dinámico”, según Cordero, busca trasladar al ámbito laboral los criterios de eficiencia y mérito individual, vinculando los ingresos con el rendimiento de cada empleado. Sin embargo, especialistas laboralistas advierten que medir la productividad resulta complejo en sectores no industriales, como servicios o administración, y que una aplicación generalizada podría aumentar la desigualdad salarial.

Mientras tanto, el debate por la reforma laboral se traslada al Consejo de Mayo, donde el Gobierno, los empresarios y los sindicatos discuten los lineamientos de un proyecto que promete ser uno de los ejes políticos y económicos del próximo año.