Desarticulan una peligrosa organización criminal con base en el cordón industrial y liderada desde la cárcel

La Justicia imputó a cuatro nuevos integrantes de una banda familiar dedicada al narcotráfico, sicariato y extorsión. El jefe, Walter “El viejo” González, y otros coordinadores dirigían las operaciones ilícitas desde el interior de la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero.

En una audiencia celebrada los días 13 y 14 de noviembre, la Justicia formalizó la imputación de cuatro personas vinculadas a una extensa y violenta organización criminal que operaba en la provincia de Santa Fe. Los imputados son Alexis Z., Sebastián T., Lautaro T. y Ludmila I., quienes se suman a una lista de más de una decena de personas ya procesadas en agosto pasado.

El juez de Primera Instancia, Rodrigo Santana, dictó la prisión preventiva efectiva para Alexis Z. y Sebastián T., con vencimiento el 6 de febrero de 2026. Para Ludmila I. se decretó prisión domiciliaria, mientras que para Lautaro T. se formalizó la imputación por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Una estructura piramidal y familiar

De acuerdo con la fiscalía a cargo de Federico Rebola, los imputados formaban parte de una asociación ilícita liderada por Walter González, quien, incluso privado de su libertad en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero, dirigía las operaciones. La banda, caracterizada por sus lazos familiares y una rígida cadena de mando, estaba activa al menos desde julio de 2023 y cometió una multiplicidad de delitos en localidades como Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Carcarañá.

El Fiscal Federico Rebola le atribuye a Alexis Z. y Sebastián T. junto a Walter G., Marta G., Joana R., Ricardo D., Osvaldo R., Héctor G., Diego R., Brian G., Evelyn R. Facundo B. y Walter C., junto a otras personas no identificadas a la fecha, o identificadas pero aún no imputadas, y valiéndose de la colaboración de menores de edad -haber formado parte de una organización criminal, caracterizada por lazos familiares en el núcleo encargado de la toma de decisiones de las actividades criminales, estando destinada a cometer una multiplicidad de delitos cometidos contra las personas, la propiedad, la libertad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública y la salud pública, materializados a través de hechos dolosos de homicidio, tentativa de homicidio, lesiones y abusos de armas, robo, extorsión y usurpación, amenazas, portación de armas de fuego de diversos calibres, intimidaciones públicas, encubrimientos y diversas maniobras de comercio ilegal de material estupefaciente al menudeo en instalaciones montadas para el tráfico ilícito y en vía pública, operando en las localidades de Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Carcarañá,

El poder desde la prisión

El modus operandi de la banda evidenció una alarmante capacidad de operar desde dentro del sistema carcelario. Walter González impartía órdenes desde su celda en el pabellón de alto perfil, aprovechando visitas, controles carcelarios laxos y el apoyo de otros internos. La fiscalía sostiene que, como demostración de su poder, la organización ordenó una serie de ataques de conmoción pública, incluyendo un atentado contra un colectivo del servicio penitenciario en marzo de 2024, con el objetivo de presionar al Gobierno provincial para que modificara las condiciones de detención de sus líderes.

La organización se encuentra acreditada al menos desde el día 13/07/2023, fecha en que se consumó el homicidio doloso de Mario Alberto Altamirano en la localidad de Carcarañá,; culminando sus actividades, en fecha 20/08/2025 a tras un allanamiento diligenciado por personal de la Brigada Complejas II de la Policía de Investigaciones en el domicilio ubicado en calle Bahía Blanca 100 de la localidad de Capitán Bermúdez, donde se materializó la aprehensión de Marta G.; que asimismo, en virtud de los antecedentes penales registrados, quienes se encontraban privados de la libertad en establecimientos penitenciarios, se valieron principalmente de la colaboración extramuros de las personas designadas como organizadores de la banda para continuar con los objetivos previstos. Así, la organización descripta es liderada por Walter González. detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero, pabellón 25 de alto perfil del Servicio Penitenciario de Santa Fe, quien, a través de las visitas recibidas en su lugar de detención, de la irregularidad en los controles carcelarios y del apoyo intramuros de otras personas privadas de su libertad, impartía órdenes a los integrantes que, extramuros y en libertad, cumplen con las actividades ilícitas encomendadas. A raíz del aumento de la rigurosidad de las condiciones carcelarias que propiciaron la generación de un contexto en el cual las distintas fuerzas policiales junto a funcionarios del Gobierno Provincial se encontraban siendo objeto de reiteradas amenazas, generando una situación de temor generalizado con el objeto de amedrentar a los funcionarios públicos responsables de administrar las condiciones de detención penitenciarias, de esta manera Walter G. ordenó desde su lugar de detención una serie de ataques de conmoción pública tendientes a exigir al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, la modificación de las condiciones de detención de los presos alojados en los pabellones mencionados. Demostrando el poder de fuego, integrantes y recursos, así como el grado de organización de la estructura criminal.

Roles y funciones dentro de la banda

La investigación detalla los roles específicos de cada integrante:

Walter González.: Jefe máximo de la organización.

Marta G. (madre) y Joana R. (pareja): Actuaban como organizadoras y enlaces, administrando las finanzas y transmitiendo las órdenes de Walter G.

Ricardo D.: Otro organizador clave que operaba desde su celda en la misma cárcel, utilizando teléfonos móviles para dirigir ataques.

Osvaldo R., Héctor G., Facundo B.: Identificados como sicarios, encargados de ejecutar los homicidios y ataques armados.

Brian G. (sobrino): Proveía armas de fuego e información para los crímenes.

Diego R. y Walter C.: Cumplían funciones de logística, trasladando a los sicarios y deshaciéndose de vehículos utilizados en los ilícitos.

Evelyn R. (pareja de Osvaldo R.): Se encargaba del fraccionamiento de drogas y brindaba apoyo logístico.

Sebastián T. y Alexis Z.: Los últimos imputados, operaban como brazo armado y control territorial en Capitán Bermúdez, con funciones en la comercialización de drogas y la ejecución de amenazas y tiroteos.

Los hechos

La audiencia de noviembre se centró en los delitos específicos de los cuatro nuevos imputados. Durante allanamientos realizados el 6 de noviembre en Capitán Bermúdez, se capturó a Sebastián T. y Alexis Z. En el domicilio del primero se secuestró un arma Bersa calibre 22, municiones y casi 400 gramos de marihuana listos para la comercialización, junto a una planilla de ventas.

Por su parte, a Ludmila I. se le atribuye la participación en una maniobra extorsiva a mediados de octubre de 2025, donde junto a otros individuos amenazó a una familia para cobrar una deuda de aproximadamente $100.000, sustrayendo un teléfono celular y forzando el pago de sumas de dinero y la entrega de una motocicleta.

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