El juez Fabián Lorenzini dio cinco días a Grassi SA para contestar las impugnaciones presentadas por Molinos Agro–Louis Dreyfus Company y otros acreedores, que cuestionan la validez de las mayorías y denuncian irregularidades en el proceso de cramdown. Más de 30 planteos ponen en jaque la continuidad del salvataje.

A nueve días del cierre del plazo para presentar adhesiones en el cramdown de Vicentin, el juez del concurso, Fabián Lorenzini, avanzó con una nueva resolución que marca un punto decisivo en el proceso. Este jueves 20, el magistrado ordenó a Grassi SA responder, en un plazo de cinco días, la impugnación presentada por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC), además de otros reclamos acumulados en el expediente.

La medida incorpora formalmente al proceso una larga lista de objeciones realizadas por más de medio centenar de acreedores, entre los que se encuentran Banco Santander, Servi Mam, Zeni y Cía., Ballatore, Sifone, Logrando Amigos SRL, Agroganadera Martín Hnos., Unión Agrícola de Avellaneda, Chacras del Norte, Bresur, entre muchos otros.

Los planteos cuestionan la validez de las mayorías, el contenido de la propuesta y los mecanismos utilizados para obtener las conformidades, al tiempo que acusan a Grassi de haber alcanzado las mayorías mediante votos ilegítimos, conflictos de interés, cesiones irregulares y un esquema considerado abusivo.

Impugnaciones en el cramdown de Vicentin: el foco sobre los votos y el proceso

La presentación de Molinos Agro y LDC sostiene que Grassi nunca alcanzó las mayorías legales porque incorporó votos que —aseguran— debieron excluirse: Commodities SA, Vicentin Paraguay y Avir South.

Sostienen que Commodities pertenece al mismo grupo económico que Grassi, por lo que su voto constituiría un autovoto prohibido. También afirman que Vicentin Paraguay votó sin autorización judicial y que Avir South adquirió créditos mediante una operatoria “diseñada para favorecer a Grassi”, lo que describen como un armado para “tomar control del concurso”.

Más de 30 impugnaciones refuerzan este escenario. La abogada del consorcio Molinos–Dreyfus, Julia Villanueva, calificó la propuesta de Grassi como “no sustentable”, afirmando que “obliga a los acreedores a trabajar diez años para la empresa”.
También denunció una “maniobra encubierta” detrás del voto de Avir South y reclamó la exclusión del voto de Commodities: “Commodities es Grassi”.

Vicentin etapa clave: próximos pasos y plazos judiciales

La resolución judicial establece: “De la impugnación efectuada, córrase traslado a Grassi SA por el término de ley”, disposición que se replica para cada planteo presentado. Luego, la Sindicatura contará con cinco días más para expedirse.

Si se abre una instancia probatoria, la definición del futuro de Vicentin podría extenderse hasta 2026, según estimó Villanueva.

Mientras tanto, el juez Lorenzini —quien ya reconoció que Grassi reunió primero las conformidades necesarias para competir en el salvataje— continúa evaluando la validez de ese apoyo en un clima de intensa revisión por parte de empresas, bancos, acopiadores y productores de todo el país.

Con más de 30 impugnaciones activas y sospechas cruzadas sobre la formación de mayorías, el concurso de Vicentin ingresa en su tramo más crítico y decisivo.