Tensión federal: El Gobierno Nacional tomó el control del puerto de Ushuaia por decreto

A través de la Resolución 4/2026 publicada este jueves, la administración central confirmó la intervención del puerto de Ushuaia por un plazo inicial de un año. La medida, impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), desplaza a la gestión provincial tras denuncias de irregularidades administrativas y fallas críticas en la seguridad de la terminal marítima.

Causas y alcances de la intervención del puerto de Ushuaia

La decisión del Ejecutivo nacional se fundamenta en auditorías que detectaron presuntos desvíos de fondos públicos. Según la ANPYN —el organismo encargado de fiscalizar la infraestructura y transparencia de las terminales marítimas del país— los recursos destinados al puerto habrían sido desviados para cubrir gastos corrientes de la provincia de Tierra del Fuego.

Además del frente financiero, el informe técnico de la agencia nacional alerta sobre un marcado deterioro en los muelles y la ausencia de protocolos de seguridad estandarizados. Esta situación generó una profunda preocupación en las navieras internacionales, especialmente en un momento clave como es la actual temporada de cruceros en la región austral, donde la seguridad operativa es prioridad.

Tierra del Fuego recurre a la Justicia

Desde el entorno del gobernador Gustavo Melella no tardaron en reaccionar ante la noticia. Fuentes oficiales calificaron la medida como un “avasallamiento a la autonomía provincial” y confirmaron que la provincia ya trabaja en una estrategia legal para acudir a los tribunales federales y frenar la resolución de Javier Milei.

Mientras la gestión operativa, técnica y administrativa pasa a manos de Iñaki Arreseygor, director de la ANPYN, la provincia busca recuperar la dirección de la terminal. Por ahora, el conflicto político escala y pone en duda la futura coordinación en uno de los puntos estratégicos más importantes para la soberanía y la navegación antártica.