Tras un debate caliente, Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

El nuevo Régimen Penal Juvenil fue aprobadopor 149 votos a favor y 100 en contra. La iniciativa reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años, fija un máximo de 15 años de prisión y ahora deberá ser debatida en el Senado.

En una sesión marcada por cruces intensos y posiciones antagónicas, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, y ahora pasará al Senado para su tratamiento definitivo.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo y promovida políticamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contó con el respaldo del PRO, la UCR, bloques provinciales y espacios aliados al Gobierno. El peronismo votó en contra en general, aunque el Frente Renovador acompañó artículos clave, entre ellos el referido a la edad de punibilidad, al señalar que esa postura ya formaba parte de antecedentes legislativos del espacio.

Qué cambia con el nuevo régimen

El texto no solo reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, sino que fija un tope máximo de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

Para delitos con penas menores, el proyecto contempla un abanico de medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones para asistir a determinados lugares o conducir vehículos, entre otras.

Además, prohíbe expresamente la prisión perpetua para menores y establece que no podrán compartir lugares de detención con adultos. El régimen prevé la creación de institutos especializados con personal capacitado en niñez y adolescencia, garantizando educación, atención médica y tratamiento en casos de adicciones.

También se habilitan herramientas como la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves, siempre con intervención de las partes y consentimiento de la víctima.

El lugar de las víctimas y el presupuesto

Uno de los ejes incorporados en el proyecto es el reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. Se garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico y recibir asistencia psicológica, además de participar en instancias relevantes del proceso.

En la versión final se incluyó un artículo presupuestario que destina más de 23 mil millones de pesos para la implementación del régimen, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. El agregado respondió a reclamos de gobernadores que advertían sobre el impacto económico en las provincias.

Argumentos a favor y en contra

Desde el oficialismo defendieron la reforma al considerar que la ley vigente, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”. Sostuvieron que el nuevo esquema incorpora estándares internacionales y busca evitar que jóvenes queden fuera del sistema formal, lo que —según argumentaron— facilita su captación por organizaciones criminales.

En la vereda opuesta, legisladores del peronismo cuestionaron el enfoque punitivo de la iniciativa. Plantearon que el problema de la delincuencia juvenil no se resuelve únicamente bajando la edad de imputabilidad y reclamaron mayor inversión en salud mental, educación y políticas sociales.

El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, lo que aportó una fuerte carga emocional a la sesión.

Con la media sanción ya otorgada, el proyecto abrirá ahora un nuevo capítulo en el Senado, donde se anticipa que el tratamiento volverá a generar una discusión de alto voltaje político y social.