Amenazas a escuelas: ya identificaron a 73 responsables y la Provincia avanza para cobrar hasta $200 millones por operativos

El 95 % de los implicados son menores de edad y ya se enviaron 39 notificaciones para recuperar los costos de los despliegues policiales. Las autoridades remarcan sobre las amenazas: “no es broma, es un delito”.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza en el esclarecimiento de las amenazas a establecimientos educativos y ya identificó a 73 personas como responsables de estos hechos, según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En paralelo, el Ministerio de Justicia y Seguridad puso en marcha el mecanismo para recuperar los costos de los operativos, que ya suman cerca de 200 millones de pesos.

De acuerdo a la información oficial, el 95 % de los autores identificados son menores de edad, por lo que el reclamo económico recaerá sobre sus padres o responsables legales. La medida se enmarca en el protocolo vigente que habilita al Estado a exigir el reintegro de los gastos generados por cada intervención ante amenazas.

En este sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, subrayó que la decisión política fue clara: “No es broma, es un delito”. Y explicó que el gobernador Maximiliano Pullaro instruyó avanzar con el cobro de los operativos, cuyos costos parten de una base estimada de entre 5 y 6 millones de pesos, aunque pueden superar los 11 millones dependiendo de la magnitud del despliegue.

Por su parte, la subsecretaria de Legal y Técnica, Blanca Diakaki, confirmó que ya se enviaron 39 notificaciones correspondientes a 32 casos en el centro-norte provincial. Estas intimaciones forman parte de una acción administrativa y patrimonial independiente del proceso penal que lleva adelante el MPA.

“El objetivo es recuperar cada uno de los recursos invertidos por el Estado en seguridad”, sostuvo la funcionaria, quien además destacó el trabajo articulado con la Fiscalía para identificar a los responsables.

Investigación en marcha y cifras alarmantes

El avance de las investigaciones permitió también dimensionar la magnitud del fenómeno. Hasta el 21 de abril se registraron unas 404 denuncias por amenazas en toda la provincia, distribuidas en las distintas fiscalías regionales:

• 75 en la Fiscalía Regional Nº 1
• 238 en la Fiscalía Regional Nº 2
• 33 en la Fiscalía Regional Nº 3
• 23 en la Fiscalía Regional Nº 4
• 35 en la Fiscalía Regional Nº 5

En el marco de estas causas, se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, con el secuestro de 51 elementos, entre ellos celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido, cartuchos y municiones.

En total, ya fueron identificadas al menos 73 personas: 15 en la Región 1, 23 en la Región 2, 17 en la Región 3, 4 en la Región 4 y 14 en la Región 5.

Cobro de operativos y política de disuasión

El procedimiento para recuperar los costos implica la identificación de los responsables por parte del MPA y, posteriormente, la intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad, que calcula el gasto de cada operativo y envía una intimación de pago.

Las autoridades provinciales remarcaron que esta política busca desalentar las amenazas, que generan alarma social, alteran el normal funcionamiento de las escuelas y demandan un importante despliegue de recursos públicos.

“Como Estado no sólo debemos garantizar la seguridad, sino también proteger los recursos de los santafesinos”, concluyó Diakaki.

El endurecimiento de las medidas marca un nuevo escenario en la respuesta oficial frente a estos hechos, en un contexto donde la mayoría de los involucrados son adolescentes y donde cada amenaza implica costos millonarios para el Estado.