
La provincia de Santa Fe denunció una deuda de casi $800 millones en certificados atrasados. La ampliación de la planta potabilizadora es vital para más de medio millón de usuarios en el Gran Rosario.
La planta potabilizadora de Granadero Baigorria, una obra considerada estratégica para resolver el déficit de agua potable en Rosario y su área metropolitana, volvió a quedar en jaque. El gobierno nacional acumula varios meses sin girar los fondos comprometidos, lo que obligó a la provincia de Santa Fe a salir a denunciar una creciente deuda que ya supera los $800 millones.
Según confirmó el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, los pagos impagos corresponden a los certificados de noviembre, diciembre, enero y febrero. La falta de recursos no solo frena el avance de los trabajos, sino que amenaza la continuidad operativa del proyecto, en un contexto donde la obra pública nacional atraviesa su peor momento en años.
El proyecto, que había retomado algo de ritmo en 2025 tras un giro de $4.000 millones por parte del ENOHSA, busca construir una planta “espejo” de la ya existente (inaugurada en 2015), capaz de producir 6.000 metros cúbicos de agua por hora. La ampliación beneficiaría directamente a Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, los barrios del norte de Rosario y más de 500 mil vecinos del oeste del Gran Rosario.
Pero la historia de esta obra es un péndulo. Comenzó en 2022, sufrió paralizaciones por falta de desembolsos, reflotó en 2025 con una promesa de finalización para junio de 2027 y ahora vuelve a tambalear. Desde la provincia advierten que, si la Nación no regulariza los pagos en las próximas semanas, las empresas contratistas se verán forzadas a reducir personal y desactivar obradores.
“No solo es una cuestión de cemento y caños. Cuando una obra está en marcha, la contratista tiene que mantener seguros, alquileres, equipos y salarios. Sin fondos, eso es inviable”, disparó Enrico, en declaraciones que reflejan la creciente tensión entre Santa Fe y la Casa Rosada.
El reclamo santafesino no es un caso aislado. La provincia viene denunciando que el gobierno nacional abandonó compromisos en rutas, saneamiento e infraestructura urbana, mientras ella se ve obligada a hacerse cargo de obras que originalmente eran responsabilidad del Estado nacional.