El Ministerio de Seguridad de Santa Fe enfrenta su primera impugnación judicial por las multas millonarias a padres de menores acusados de generar falsas amenazas en escuelas. Una familia que debe abonar más de 6 millones de pesos recurrió a la Justicia para evitar el pago, al considerar que el procedimiento es ilegal y carece de intervención judicial.
El caso se remonta a un episodio ocurrido en la ciudad de Santa Fe, donde un alumno de entre 12 y 13 años participó en un “desafío viral” que terminó con la difusión de una nota intimidante. Según la defensa, el hecho sucedió fuera del establecimiento educativo y el menor lo reconoció rápidamente, pidió disculpas y la escuela contuvo la situación sin mayores consecuencias.
“No hubo una amenaza real”
El abogado Rodolfo Mingarini, que representa a la familia, explicó en diálogo con LT10 que la conducta del adolescente no constituye el delito de amenaza, ya que la figura legal exige un daño concreto, una víctima determinada y un contexto de coerción real. “Esto fue un papel encontrado en un estacionamiento, no dentro de la escuela. No hubo peligro real”, sostuvo.
El letrado también cuestionó que el Estado pretenda cobrar sin que un juez lo determine. “El poder administrador no puede decidir unilateralmente que alguien debe pagar millones. La responsabilidad civil surge de una sentencia judicial, y la penal es intransferible”, remarcó.
Multa sin desglose y plazo de cinco días
Uno de los puntos más criticados por la defensa es la falta de transparencia en el cálculo del monto. Según Mingarini, en este caso sólo intervino un patrullero, por lo que resulta imposible justificar una suma superior a los 6 millones de pesos. “No hay desglose ni explicación de los costos. Es una cifra arbitraria”, denunció.
Además, la familia recibió una notificación con un plazo de apenas cinco días para pagar, sin precisiones sobre el procedimiento ni las vías para hacer un descargo formal, algo que también fue objetado por la defensa.
Antecedentes: el gobierno busca desalentar las falsas alarmas
La medida del gobierno provincial se enmarca en un aumento de amenazas falsas en escuelas, muchas vinculadas a mensajes virales o bromas entre estudiantes, que generan alarma social y fuertes despliegues policiales. Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que las sanciones buscan desalentar esas conductas y recuperar los costos operativos de los procedimientos.
Sin embargo, especialistas advierten que esta estrategia podría derivar en una judicialización masiva de los casos y abre interrogantes sobre su legalidad y proporcionalidad.
Este es el primer planteo formal contra las multas, pero no sería el único. Fuentes judiciales indicaron que hay otros casos en análisis, por lo que la Justicia podría dictar en los próximos meses un fallo clave que defina si el Estado está habilitado a cobrar estos montos sin intervención de un tribunal.
