
Este martes, Rosario volvió a ser escenario de una masiva movilización en defensa de la universidad pública, en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada en todo el país. Con una convocatoria que desbordó la Plaza San Martín, estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes marcharon hasta el Monumento Nacional a la Bandera para exigir al gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición de los salarios del sector.
Bombos, pancartas y banderas teñían el centro rosarino en una jornada que reafirmó la vigencia del reclamo universitario. “Está creciendo mucho la bronca, el enojo, dentro de las comunidades universitarias en general, así no se puede seguir, así no hay sistema universitario que aguante”, cuestionó el secretario general de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad), Federico Gayoso, desde la movilización.
La actividad comenzó a las 15.30 horas en la Plaza San Martín, en la intersección de Dorrego y Santa Fe, para luego desplazarse hacia el Monumento a la Bandera, donde estaba previsto un acto de cierre a las 17. Ya desde los minutos previos, la marea humana colapsó las calles aledañas a la plaza. Familias enteras, jóvenes, grupos de amigos y grandes se congregaron en defensa de la educación pública.
El recorrido continuó por calle Dorrego hasta San Lorenzo y luego por esta arteria hasta Laprida. Hacia esa altura, la columna se dividió en dos sectores: uno bajó por calle Santa Fe y el otro por Córdoba, confluyendo ambos finalmente en el Monumento.
En la previa, la Universidad Nacional de Rosario colocó una carpa en la plaza para realizar extracciones de sangre orientadas a estudios sobre el cáncer, un gesto que reflejó la voluntad de seguir mostrando a la comunidad el valor de la educación pública, incluso en medio de la protesta.
Franco Bartolacci (rector de la UNR): “En todas las dimensiones de la vida de la universidad estamos a la mitad de nuestras posibilidades”.
Miles de personas conformaron una columna que ocupó varias cuadras del centro, mientras agentes municipales coordinaban los desvíos del tránsito y del transporte público en los puntos estratégicos del recorrido. La movilización afectó decenas de líneas de colectivos y generó cortes progresivos que, según las autoridades, se fueron levantando a medida que la masa avanzaba hacia el Monumento.
Un reclamo que no cesa
Esta es la cuarta gran movilización federal desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Los reclamos centrales se mantienen inalterables: la urgente ejecución de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia pero aún incumplida por el Ejecutivo, una recomposición salarial urgente, y la recuperación del presupuesto para sostener las actividades de enseñanza, investigación y extensión.
El contexto económico golpea fuerte al sector. Las transferencias nacionales para las universidades cayeron un 45,6% desde 2023; según el rector Franco Bartolacci, prácticamente el 70% de los trabajadores de la educación superior percibe un salario por debajo de los 650 mil pesos mensuales, y un cargo inicial ronda los 150 mil pesos “que en muchos casos no alcanza ni siquiera para afrontar el transporte para poder ir a la facultad”. Además, el gobierno nacional oficializó horas antes de la marcha un recorte de casi $79 mil millones en áreas educativas, incluyendo programas de alfabetización, becas estudiantiles y salarios docentes.
Federico Gayoso (Coad): “Tenemos todos los días compañeros y compañeras que renuncian”.
Esta asfixia económica ya genera consecuencias concretas: renuncias de profesores muy prestigiosos, un éxodo en el ámbito científico y el pluriempleo como única estrategia de sobrevivencia.
El rector Franco Bartolacci quien estuvo presente en la marcha de Capital Federal, señaló que “la universidad está a la mitad de sus posibilidades y capacidades”, y advirtió: “Hace falta una recomposición de alrededor del 50%”. El dirigente también lamentó la desconsideración del gobierno nacional hacia la comunidad universitaria: “Es muy dolorosa la desconsideración hacia la comunidad universitaria del país, que con enorme precariedad sigue todos los días haciendo un esfuerzo enorme para sostener todo lo que pasa”.
Reacciones y repercusiones
El gobierno nacional salió al cruce de la movilización y la calificó como “claramente política”. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, insistió en que “no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades”, mientras que el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que “hay un reclamo genuino de salarios… pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política”.
Por el contrario, la marcha cosechó adhesiones de diversas entidades. La CGT anunció su respaldo a la protesta en defensa de la educación pública, y la artista Lali Espósito se manifestó en redes sociales a favor del reclamo.
En tanto, los trabajadores no docentes nucleados en APUR se sumaron a la movilización aunque sin realizar medidas de fuerza, por lo que las facultades y escuelas dependientes de la UNR permanecieron abiertas.
El conflicto docente también impacta en las escuelas preuniversitarias que dependen de la Universidad Nacional de Rosario. Madres y padres de alumnos del Politécnico y del Superior de Comercio expresaron su preocupación por la interrupción de las clases. “La están pasando mal porque no es lo mismo tener continuidad de clases que estar una semana de clases y otra de paro”, advirtió una madre de un estudiante del Politécnico. Según estimaciones, el año pasado hubo aproximadamente 35 días de paro y este año la proyección es aún peor.
Al caer la tarde, la multitud reunida en las inmediaciones del Monumento a la Bandera escuchó el comunicado oficial con el compromiso de redoblar la presión. “Exigimos el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, salarios dignos, becas para garantizar el acceso y permanencia de estudiantes y presupuesto para sostener todas las actividades”, dijo Coad en su comunicado.
La jornada dejó un mensaje contundente y un precedente: el conflicto universitario está lejos de resolverse, mientras la comunidad educativa rosarina demuestra que no cesará en sus reclamos hasta obtener respuestas concretas. “Esto es un antecedente muy malo para la democracia de nuestro país”, remarcó Gayoso, aludiendo al incumplimiento de una ley sancionada por el Congreso.
Ahora, la atención se centra en la Corte Suprema, que debe resolver un amparo presentado por las universidades, y en el Congreso, donde se espera un nuevo debate sobre el financiamiento educativo. Mientras tanto, los rectores advierten que el sistema universitario argentino se desangra día a día, y que el tiempo de espera se agota.
Foto gentileza Alan Monzón