En una audiencia imputativa celebrada el 18 de mayo de 2026 en San Lorenzo, la Justicia dispuso la prisión preventiva para Darío Rubén Correa y Joana María Monzón, mientras que otorgó la libertad con restricciones a Joaquín Emanuel S. Los tres fueron detenidos el 13 de mayo pasado en el marco de una investigación que acumula cinco causas judiciales, entre ellas un homicidio calificado, una tentativa de homicidio, incendio, amenazas, tenencia de armas y comercialización de estupefacientes.
El hecho más grave data del 6 de mayo de 2023, cuando Vicente del Valle Silvera, de 75 años, fue asesinado de cinco disparos en el interior de su domicilio de calle 7 Jefes 1831. Según la imputación del Ministerio Público de la Acusación, Darío Correa (alias “Beco”) y un menor de edad ingresaron a la vivienda gritando “Policía” y armados con pistolas calibre 9 mm, y efectuaron al menos nueve disparos. Vicente Silvera,recibió cinco impactos en el tórax y miembros inferiores, falleciendo por shock hipovolémico. El adolescente fue herido de un disparo en el pecho, logrando sobrevivir.
La fiscalía atribuye a Joana Monzón haber actuado como instigadora del ataque, en conjunto con otros familiares, para amedrentar a testigos y desplazar a la familia Silvera en el contexto de una disputa territorial.
El rol de la banda familiar
La investigación sostiene que el ataque se enmarca en una disputa narco para desplazar a la familia Silvera de la zona. Los imputados Joana María Monzón y Darío Rubén Correa son señalados como parte activa de una organización criminal de corte familiar, liderada desde las sombras por Luciana Monzón (madre de Joana), actualmente en prisión. También participan otros miembros del clan, como Carlos Daniel Herrera Fernández (alias “Daniel” o “Monzón”) y Esteban Manuel Monzón (“Chaqueño”).
De acuerdo al expediente, días antes del homicidio –el 18 de abril de 2023–, Carlos Daniel Herrera Fernández, junto a Gonzalo Díaz y el menor Lautaro P., ya había efectuado 14 disparos contra el frente de la casa de la familia Silvera para intimidarlos. Luego, mientras Herrera Fernández estaba en prisión preventiva, el resto de la banda intentó presionar a las víctimas para que cambiaran sus declaraciones.
La fiscalía imputó a Joana María Monzón como instigadora de los delitos de homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas y participación de un menor, y de tentativa de homicidio en la misma modalidad. A Darío Rubén Correa se lo acusa como coautor de ambos crímenes.
Además, se les atribuyen a Correa y otros miembros de la banda una serie de ataques ocurridos en abril de 2026: La investigación también abarcó hechos ocurridos en abril de 2026. El 23 de abril, pasada la medianoche, Correa y Monzón, que son pareja junto a Daniel Herrera Fernández (Monzón) quien cumple prisión en la cárcel de Piñero, y otros aún no identificados, efectuaron detonaciones de armas de fuego en inmediaciones de Rivadavia 1300. Además, forzaron tanto el candado como la puerta de ingreso, todo con la intención de ingresar al domicilio sito en calle Rivadavia 1310. Al día siguiente, a las dos de la madrugada, Correa junto a Daniel Herrera Fernández y Cristian Saavedra, dispararon en al menos 15 oportunidades contra Agustín Silvera (el mismo adolescente sobreviviente) mientras este se encontraba en la vía pública, con intención de darle muerte. También arrojaron piedras desde los techos de Luis Braille al 1800 contra la casa de otra mujer y lanzaron una bomba molotov contra otra vivienda, causando un incendio.
Además, durante allanamientos realizados el 13 de mayo de 2026 en una vivienda de calle Fumagalli, en Timbúes, se secuestraron 55 dosis de cocaína (18 gramos), 535.000 pesos argentinos, 120.000 pesos chilenos, dos teléfonos iPhone y numerosos certificados de joyería. Por ese material, Correa y Monzón fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En otro allanamiento en calle Ayohuma 313, San Lorenzo, se halló un arma de fuego de fabricación casera en la habitación de Joaquín Silva, quien fue acusado por tenencia ilegal de arma.
Según la hipótesis fiscal, el asesinato investigado responde a una feroz lucha por el control de los puntos de venta de drogas en el Barrio Norte de San Lorenzo. Los acusados Joana María Monzón y Darío Rubén Correa serían miembros activos de una organización narco de tipo familiar, liderada en la sombra por Luciana Monzón, madre de Joana. La banda, dedicada al narcotráfico, tendría además otras ramas operativas a cargo de otros integrantes del clan, como Carlos Daniel Herrera Fernández (alias “Daniel” o “Monzón”) y Esteban Manuel Monzón, conocido como “Chaqueño”.
Calificación legal
La fiscalía imputó a Joana María Monzón como instigadora de los delitos de homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas y participación de un menor, y de tentativa de homicidio en la misma modalidad. A Darío Rubén Correa se lo acusa como coautor de ambos crímenes
Durante la audiencia, la defensa pública de Silva y el fiscal Aquiles Balbis acordaron solicitar una medida no privativa de la libertad. El juez Carlos Gazza aceptó el pedido y dispuso la libertad de Silva con obligaciones: fijar domicilio con su madre como garante; firmar quincenalmente en la Oficina de Gestión Judicial de San Lorenzo; prohibición de acercarse a las familias Monzón, Correa y Quintana; y prohibición de portar armas. La medida regirá hasta el 12 de agosto de 2026.
Para Correa y Monzón, en cambio, la fiscalía solicitó prisión preventiva, lo que fue resistido por sus defensores privados. El juez Gazza resolvió la prisión preventiva por 120 días para ambos.
