Este mediodía se desarrolló en tribunales la audiencia por contaminación ambiental en Petroquímica Capitán Bermúdez donde el Ministerio Público de la Acusación solicitó al juez Carlos Gazza que resuelva la nulidad de la causa que el Juez Juan José Tutau cerró a pedido del fiscal Juan Carlos Ledsma por instrucción del ex fiscal Regional Patricio Serjal y por el ex fiscal adjunto por ese entonces el Dr. Gustavo Luzzini.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra, Pablo Lanza y Matías Edery ofrecieron una serie de evidencias para solicitar la invalidación del fallo de Tutau. En primer lugar aclararon que para iniciar o formalizar la investigación contra quienes la fiscalía pretende que sean imputados, los ex directivos Sergio y Máximo Taselli y Matías Gallegos explicaron que la resolución del juez Tutau se aplicó un criterio de oportunidad por petición del fiscal Ledesma donde se tiene por extinta la acción penal, pero que esa resolución tiene como consecuencias la posibilidad de extinguir cuestiones penales.

El criterio de oportunidad, es una figura penal contemplada en el Código Procesal Penal que plantea una alternativa a la pena pero mediante un acuerdo entre partes, o cuando se resuelve la suspensión del procedimiento poniendo a prueba al imputado a realizar determinada conducta. “Este no es el caso, porque una de las partes nunca estuvo presente, ni siquiera notificada, que son las víctimas del daño ambiental”, señaló Schiappa Pietra, quien además subrayó que al tratarse de una causa de interés público no había posibilidad de arribar a un acuerdo.

Lo grave del caso, es que no existió siquiera una imputación por daño ambiental a los empresarios. La investigación se inició, y se comprobó que había contaminación a grandes escalas no remediados, pero al momento de imputar a los empresarios de la ex Petroquímica en audiencia, el fiscal Ledesma presentó un instructivo donde señalaba que por orden de su superior el Fiscal Regional Patricio Serjal, la causa debía cerrarse.

“No cabía duda de que había un caso de posible contaminación medioambiental se toma una resolución contraria a las formas procesales para este tipo de actos porque la decisión que se toma en un caso donde evidentemente está comprometido el interés publico y donde evidentemente no caben las posibilidades de un posible acuerdo por ser una materia objeto del interés publico comprometido, se trata de un delito con víctimas claramente identificables que nunca fueron citadas, nunca se hizo el mínimo esfuerzo por confirmar en audiencia personas damnificadas y/o personas que hayan estado damnificadas o que adquieran el carácter de víctimas”, manifestó Schiappa Pietra.

La crítica del Schiappa Pietra apuntó a su colega, el fiscal Ledesma, que aunque cumplió una orden de un superior no debía hacerlo, al fiscal Regional Patricio Serjal y al Juez Juan José Tutau quien no cuestionó el pedido de Ledesma de dar por terminada la causa.

“Basta con ver esa audiencia donde se podrá observar que Ledesma al momento de decir sus argumentos menciona que los mismos son parte de instrucción del fiscal Regional Serjal quien está actualmente imputado y con prisión domiciliaria (por la causa de juego clandestino), y es quien quien le da instructivos particulares a Ledesma que es de un contenido ilícito porque la ley procesal de Santa Fe impide imponer criterios de oportunidad cuando se trata de un interés público”, sostuvo Schiappa Pietra quien agregó:

“Vimos que en la audiencia Ledesma se lo dice al juez: <Yo tengo una instrucción> y el juez insiste con esto porque advierte que hay algo raro, y se lo pregunta dos o tres veces y Ledesma dice <yo tengo una instrucción que vengo a cumplir>. No toma para si los argumentos expuestos sino que además no construye argumentos en función de la instrucción para sostener la hipótesis de la necesidad de la extinción penal, plantea que es una estructura jerárquica y para ello viene a cumplir con eso. Una instrucción ilegal no debería ser cumplida por nadie, menos por un fiscal como también por el juez quien no tomo ningún contralor sobre ellos. Se hablo de reparaciones, pero no se puede remediar con plata a los términos político/ criminales, a lo mejor puede caber una reparación civil, pero no podemos pensar que el Ministerio Público de la Acusación pueda extinguir la acción penal”.

Sobre el ex fiscal adjunto Gustavo Luzzini; Schiappa Pietra informó que a partir de un escape de gas cloro ocurrido en 2016 en la empresa Petroquímica, que provocó consecuencias en el personal de la firma que está ubicada al lado, Celulosa Argentina; el fiscal de Estado Alberto Saccone realizó una denuncia por contaminación dolosa mediante la utilización de residuos patológicos – a Sergio Tasseli, Maximo Tasselli. Matías Gallegos y toda otra persona que formara parte del directorio de Petroquímica Bermúdez SA, ante los incumplimientos. Se determinó la existencia de sustancias potencialmente contaminantes, un estado de deterioro y abandono del predio y sus instalaciones y la falta de presentación de un plan de cierre seguro de la fábrica lo que colocaban a Petroquímica Bermúdez SA como un potencial contaminador del medio ambiente y un peligro potencial para la salud de la población que habita en las inmediaciones del predio.

El gobernador Miguel Lifschitz instruyó al Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático a promover una demanda contra Petroquímica Bermúdez SA para remediar el daño ambiental detectado dentro del sumario administrativo, contemplando la realización de las correspondientes denuncias penales En un informe se detectó que en muestras de agua se encontró la presencia de cloroformo, tetracloruro de carbono, tricloroetileno, benceno entre otras sustancias. En cuanto al suelo, los informes detectaron cloroformo, tricloroetileno, benceno y mercurio y lindano, un insecticida prohibido.

Un allanamiento a la empresa realizado el 13 de septiembre de 2018 donde participaron expertos ambientales y químicos quienes tomaron muestras en la planta, detectaron un alto grado de contaminación que dan cuenta del valor hallado muy superior al límite legal permitido, por ello, es incomprensible que una causa se cierre antes de hacer una imputación.

“Por años no remedian nada cuando todos los expedientes dicen que debe remediar el pasivo ambiental. Nos llaman la atención que cuando comparecen en la audiencia que está el Fiscal Adjunto Gustavo Luzzini y no Alberto Sacone. ¿Cómo puede ser que el Fiscal de Estado sostenga que se comete un delito y a pocos meses de constatado el nivel de contaminación del predio de Petroquímica Bermúdez; el Fiscal de Estado adjunto admita que es conducente lo que esta proponiendo el fiscal Ledesma y que así debía resolverse? ¿Cuál era el interés que representaba el Fiscal Adjunto? ¿Cómo lo defendió? ¿Cuántas veces se concurrió a ver a cuantas personas se les provocó ese daño?, cuestionó Schiappa Pietra: “Esa audiencia fue un cheque en blanco, nunca fueron imputados por delito alguno, la audiencia se llevó a cabo con la ausencia de las víctimas, sobre este evento tenían a la gente de Celulosa Argentina a quienes tenían que llamar para ver si estaban de acuerdo con extinguir la causa, como también al Taller Ecologista; no notificaron a nadie más que a los que estaban presentes allí de esa resolución de cerrar la causa”, finalizó el fiscal.

El próximo 11 de mayo habrá una segunda audiencia donde la defensa de las partes los empresarios Sergio y Máximo Taselli y Matías Gallegos; los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Luzzini podrán contestar y cuestionar las pruebas que presentará la fiscalía para que el juez Gazza resuelva si da lugar o no, a declarar nula la resolución de Tutau y reabre la causa por contaminación.