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En Rosario no hubo un solo día calmo en 2020. En dos semanas hubo 17 asesinatos –a la misma fecha del año pasado había solo seis– y varias balaceras, tres de ellas resonantes: una al edificio de Justicia Penal, otra a la delegación del Servicio Penitenciario y la última al casino City Center, en la que murió un gerente bancario llamado Enrique Encino, de 64 años. En este marco, el gobierno provincial habilitó a los uniformados santafesinos a llevar un “cartucho en recámara” en sus pistolas ante la violencia reinante, una fuerte señal. Todo ocurre en medio de cambios en la conducción de las fuerzas de seguridad ordenados por el flamante ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien al asumir llevó a cabo una “purga” en la Policía al pasar a retiro a más de 30 comisarios –seguida después por otros desplazamientos de altos mandos–, y adelantó que llevará a algunos jefes policiales ante la Justicia penal.

Hoy, el ministerio tiene bajo la mira a tres ex jefes policiales. Sain se encargó de hacer públicos sus nombres y también la sospecha de que pueden estar vinculados a algunos de los últimos ataques que terminaron con muertes o con edificios públicos baleados.

El primer policía apuntado por Sain fue el ex comisario Marcelo Gómez, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional II (jurisdicción Rosario) y el 13 de diciembre hizo llegar a varios periodistas que renunciaba a su puesto ante la falta de comunicación del nuevo ministro. Ese día, el 13 diciembre pasado, por orden de Gómez se retiraron las custodias policiales al edificio de Justicia Penal de Rosario que ya había sido blanco de las balaceras, supuestamente ordenadas por dos jefes narcos en 2018: Ariel Máximo “Guille” Cantero –líder de Los Monos– y por Esteban Lindor Alvarado, respectivamente. Ambos están detenidos principalmente por otras causas, pero ya fueron imputados por esos ataques.

El retiro de las custodias fue entendido por el fiscal Matías Edery y por el Ministerio de Seguridad como un delito, el de incumplimiento de deberes de funcionario público. Por ese motivo se inició una causa penal en Fiscalía por la que se ordenó el secuestro del teléfono celular del ex jefe Gómez junto al de Sergio Cantero, jefe de la Agrupación Cuerpos que está de licencia. Esta situación estuvo acompañada por un audio que se volvió viral del ministro Sain a Gómez, donde le ordenó a través de un mensaje de voz de WhatsApp que restituya la custodia policial porque, en caso contrario, iba a ir a Rosario  “y la cosa se va a poner picante”

El por entonces comisario respondió ese audio con un chat escrito en el que indicaba: “Buenas noches Ministro. Ya está establecido”. Esa respuesta fue entendida por el Gobierno como la confirmación del delito cometido.

El 18 de diciembre, cinco días después de esa “renuncia” de Gómez, el gobierno provincial lo pasó a retiro junto a otros 31 altos mandos. En su lugar puso al comisario Claudio Romano al mando de la Policía de Rosario, pero duró 24 días en el cargo, ya que el 10 de enero fue desplazado por “falta de resultados” y por “no haber tomado toda la información disponible para el desarrollo de tareas preventivas”, según expresó públicamente el jefe de la Policía a nivel provincial Víctor Sarnaglia.

El doble cambio en la cúpula policial de Rosario cayó mal entre ex comisarios y altos mandos, quienes expresaban su disconformidad con la forma de conducir a la fuerza de seguridad.

Ese “descontento” lo manifestaron a través de páginas web de sindicatos policiales no reconocidos y a través de tuits o de mensajes de WhatsApp a periodistas. Una página en particular, la de la agrupación UTRAPOL, anunciaba ayer con un artículo incendiario: “A los jefes nadie los forrea: Sain y Sarnaglia están pagando el precio de maltratar al personal”, decía el título.

El copete que le seguía era mucho peor: “Esas palabras de pendencieros, ambos se las tuvieron que tragar prontamente, y hoy pagan el costo de la violencia en las calles. Los jefes policiales van a dejar que la cosa decante y que el Gobernador se dé cuenta que el problema es SAIN y SARNAGLIA”.

Los otros nombres que hizo públicos Sain fueron los de los ex jefes policiales Marcelo Villanúa y Daniel Corbellini. Este lunes, en una entrevista con Aire de Santa Fe, el ministro los relacionó con una supuesta “reacción” de un sector policial ante los cambios hechos en Seguridad. Villanúa fue jefe de la Policía santafesina hasta la llegada a la Gobernación de Omar Perotti; Corbellini se desempeñó como jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) y en el último tramo de la gobernación anterior trabajó en la central de análisis criminal del Ministerio de Seguridad. No obstante, Sain participó en la caída de otros jefes policiales antes de ser nombrado ministro del gobierno de Omar Perotti. Como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación trabajó sobre la estrategia judicial para acusar al jefe narco Esteban Lindor Alvarado, quien cayó por instigar el homicidio de un prestamista llamado Lucio Maldonado, pero que luego se lo imputó como líder de una asociación ilícita integrada por más de 30 personas y por haber baleado edificios públicos de la Justicia y la casa de una empleada judicial.

En la causa por asociación ilícita en la que está acusado Alvarado también cayeron nombres de peso en la Policía santafesina: Martín Rey, ex jefe de la PDI; su hermano Marcelo Rey, ex jefe de una brigada operativa de la PDI; Javier Makhat, ex jefe de inteligencia de la PDI; el comisario Cristian Di Franco, ex jefe de la Dirección General de Prevención de Adicciones, y Luis Quevertoque, ex subjefe de la División Judiciales de la Policía y hombre clave para la investigación contra Los Monos. Si bien no fue detenido ni imputado, otro comisario quedó bajo la mira de la Justicia y del Ministerio: se trata de Gonzalo Paz, ex jefe de la Policía de San Lorenzo, a quien se investiga en la causa contra Esteban Alvarado. El fiscal del emblemático expediente contra Alvarado, Matías Edery, incluso llegó a oponerse en una audiencia pública en Tribunales a que algunos de los presos en esa investigación queden alojados en jurisdicción de esa ciudad vecina a Rosario, ya que se trata de un sector bajo sospecha de brindarle protección o encubrimiento a esa banda. Esa unidad penitenciaria regional, la número 17, fue intervenida por el nuevo gobierno provincial.

También se realizó un cambio en los nombres de líneas bajas y altas de la Policía de Investigaciones (PDI), que quedó en la mira por la cantidad de agentes detenidos e involucrados con bandas narco. Con una declaración, el ministro anticipó este lunes una medida que se avecina:“El sistema de unidades regionales está en crisis”. Al margen de los cambios policiales también hay una puja territorial por la venta de droga en algunos barrios. Si bien las bandas como Los Monos o la de Esteban Alvarado son las más pesadas y cuentan con mayores recursos que el resto, hay otras células o apéndices de esas organizaciones que dirimen la situación a los tiros.

De acuerdo a las averiguaciones hechas con funcionarios judiciales y policiales, hasta este momento solo dos homicidios ocurridos este 2020 tienen vinculación entre sí y, según investigadores policiales, con la venta de droga. El primero tuvo lugar el primer día del año en pasaje 503 y Pavón, en la zona sur de Rosario, donde un joven de 23 años fue baleado en la espalda y en un brazo. El segundo fue un doble homicidio en Alzugaray al 900, cerca del casino de Rosario, el miércoles pasado. Una joven de 22 años y un hombre de aproximadamente 50 años –con pasado en la barra brava de Newell’s– fueron atacados a tiros por dos personas que pasaron en una moto. Otras tres personas fueron heridas de bala en esa agresión. Casualmente, en Alzugaray al 900 –lugar del doble homicidio del 8 de enero– se detuvo el sábado pasado al presunto autor del crimen del 1° de enero en pasaje 503 y Pavón. Será llevado a audiencia imputativa este martes en el Centro de Justicia Penal rosarino.

Los ataques a edificios públicos y al casino de Rosario, hasta ahora, no tienen una línea investigativa clara ni un hilo conductor. Sí existe la firme sospecha, entre tantas, de que la balacera contra el Centro de Justicia Penal y el ataque contra el City Center tienen vinculación con “Guille” Cantero, líder de Los Monos, a quien el gobierno nacional pretendía trasladar a un penal en la Patagonia. Incluso un miembro de la banda, que tenía el teléfono intervenido en causas por otros episodios de tiros, cayó como presunto autor intelectual de la fatal agresión al casino, donde murió el gerente bancario Enrique Encino, quien estaba fumando un cigarrillo en un balcón del lateral este del predio que da a calle Moreno al 6300.

El presunto instigador de la balacera contra el casino es Maximiliano Damián Díaz, de 31 años, apodado “Cachete”. Comenzó a ser investigado bastante tiempo atrás por su estrecha relación con “Guille” Cantero. Cayó rápidamente, a 24 horas del hecho en la zona sur de Rosario, por haber cometido una torpeza: habló con otros miembros de la banda que están presos, aparentemente con el teléfono que estaba pinchado, y mencionó la idea de disparar contra el City Center. La detención de “Cachete” Díaz también es una muestra de la desconfianza sobre algunos policías, ya que el procedimiento fue hecho por un pequeño grupo de efectivos de inteligencia de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y otro de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (área que hasta diciembre pasado se llamó Policía de Investigaciones).

*Nota escrita por el periodista Agustín Lago para el portal Infobae