Por Maximiliano Pullaro

En estos días se cumplen tres años del primer afiche con el slogan de campaña “Ahora la paz y el orden”, la mayor mentira dicha por un político en campaña. La perspectiva que habilita el paso del tiempo y la crítica situación en materia de seguridad nos invita a reflexionar sobre los efectos devastadores de la demagogia seguida de improvisación que ha caracterizado al gobierno de Omar Perotti.

El devenir errático de la gestión del Gobierno provincial en general y de su política de Seguridad en particular se evidencia en algunos hechos irrefutables. En primer lugar, mientras los indicadores de violencia y delito crecían hasta dejar al 2020 como el más violento de los últimos diez años, el gobernador mantuvo como ministro a una persona que maltrataba sistemáticamente a la policía, a los santafesinos y hasta la propia investidura del gobernador. Si esto parece poco, hoy hay que agregarle que está imputado por hechos de corrupción a partir de intentar una compra fraudulenta de armas.

No es necesario reproducir los epítetos descalificadores e, incluso, escatológicos que tomaron estado público en reiteradas ocasiones. Sí corresponde señalar que la continuidad de todos los colaboradores del anterior ministro, hasta que salió a la luz la causa por espionaje ilegal (el hecho institucional más grave desde la recuperación democrática en la provincia de Santa Fe), significó un doble comando para el actual ministro que consolidó los altos niveles de rechazo y la afectación de la legitimidad su gestión ante la fuerza policial.

La falta de conducción política de la policía significó un retroceso en todas las áreas posibles. El patrullaje preventivo cayó a la mitad en las ciudades más grandes de la provincia, los autos policiales sin mantenimiento se acumulan en unidades regionales y puertas de comisarías, los efectivos otras vez hacen malabares para comprarse ellos mismos los uniformes y dudan antes de actuar, porque saben que el gobierno nos los va a respaldar en su accionar cuidando los bienes y la integridad de los santafesinos.

El derrotero del servicio penitenciario es otro claro ejemplo de cómo la improvisación del gobierno afecta nuestra seguridad y calidad de vida. Cuando nos enteramos que iban a sacarlo de la órbita del ministerio de Seguridad para pasarlo al de Gobierno y Justicia señalamos que se trataba de un error, porque la administración de las cárceles está directamente relacionada con la situación de la seguridad pública.

Decidieron no escucharnos e ignorar los aportes que hacíamos en base a nuestra experiencia de cuatro años al frente del ministerio. Nos subestimaron, tanto como a la Policía de Santa Fe y a la complejidad del fenómeno de la seguridad, sin embargo la crisis desatada en las unidades penitenciarias de toda la provincia los obligaron a dar marcha atrás. Y aún así, lejos de reconocer el error designaron como secretario de Seguridad (lo cual es decir como viceministro) a esa misma conducción del servicio penitenciario, que escándalo mediante e insinuando haber sido víctima de una interna, tuvo que renunciar por irse al caribe en medio de una ola de homicidios en Rosario.

A tres años de promesas demagógicas e irresponsables, la improvisación los lleva a contradecirse inclusive en lo más esencial. Cuestionaron hasta el cansancio la carga administrativa de la labor policial pero anunciaron por lo menos tres veces la reapertura de comisarías, lo cual significa menos policías patrullando las calles y cuidando a los vecinos.

El crecimiento de todos los indicadores de violencia y delito, la difícil situación que atraviesan la fuerza policial y el servicio penitenciario, y el malestar expresado por los santafesinos en cada rincón de la provincia evidencian que el gobierno provincial tiene que recuperar el sentido común en la gestión y conducción política de la seguridad.

Santa Fe necesita un gobierno que ejecute los presupuestos y las partidas extras que posibilitan las leyes de emergencia en seguridad para potenciar el trabajo de prevención del delito e investigación criminal. Necesita un gobernador que conduzca a la policía y se posicione como el principal articulador entre todas las áreas de gobierno y los demás niveles y poderes del Estado.