Un abogado penalista de San Lorenzo fue sometido durante meses a una campaña de amenazas, presiones y extorsiones económicas, luego de tomar la defensa en un resonante caso de abuso sexual en San Lorenzo, que antes llevaba otro colega. La investigación, a cargo del fiscal Aquiles Balbis, imputó a un hombre identificado como H. G, por amenazas y extorsión.

El detonante: un traspaso conflictivo

El conflicto estalló cuando el letrado D. M asumió públicamente la defensa técnica del caso, que antes estaba a cargo de otro profesional. El traspaso fue tenso, con una discusión tensa que llegó a los golpes de puño por parte de H.G quien insultó al abogado. A partir de ese momento, el imputado, que trabaja en un estudio jurídico aunque no ejerce la abogacía— inició un hostigamiento sostenido contra el nuevo defensor, reclamándole dinero bajo la premisa de que le había hecho “perder” una ganancia.

La mecánica de la extorsión: “Yo quiero lo mío”

Entre septiembre y noviembre, el acusado bombardeó al abogado con mensajes de WhatsApp, audios, llamadas y encuentros personales. El patrón fue claro: reclamaba una parte de los honorarios que, supuestamente, habría percibido de no haber cambiado la defensa. En sus mensajes, exigía persistentemente el “20%” y hacía referencia a una suma de 35.000 dólares.

Frases como “O arreglamos hoy o bancate las consecuencias. Donde te cruce te rompo todos los huesos” o “Pasame dos millones y cerramos todo. Si no, yo ya sé lo que tengo que hacer”, forman parte del voluminoso paquete probatorio reunido por el fiscal Balbis.

Bajo este clima de intimidación, el abogado terminó realizando múltiples entregas de dinero en efectivo y transferencias bancarias, tanto en dólares como en pesos, a cuentas vinculadas al imputado y a su círculo familiar. Los pagos se concertaban en bares, esquinas y hasta en dependencias públicas de San Lorenzo.

Con pericias telefónicas, análisis bancarios y los propios audios como prueba, el Ministerio Público de la Acusación logró armar el circuito completo de la extorsión. Ante la gravedad de los hechos —calificados como extorsión consumada— y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, el juez Eugenio Romanini dispuso la prisión preventiva de H.G. por seis meses.

En paralelo, el abogado del estudio jurídico cuyo empleado extorsionaba a otro colega, L.D; señaló que desconocía la situación y agregó que su empleado no trabajará más con él.

La metodología empleada —aprietes ligados a causas penales, reclamos de porcentajes sobre honorarios y amenazas directas— ha encendido las alertas en el ámbito judicial. El Colegio de Abogados también analizará el caso y comunicaron en redes sociales de la delegación San Lorenzo.

“Desde la Delegación repudiamos todo acto de violencia y cualquier intento de entorpecer el legítimo ejercicio de la abogacía. Nos solidarizamos con el colega que fue víctima en el marco de su labor profesional.

Asimismo exhortamos a la justicia a imprimir la debida celeridad en el curso de las actuaciones correspondientes”.