Ricardo Silva es el abogado de un grupo de trabajadores portuarios afiliados al Supa. Asegura que los trabajadores tienen miedo de que no los dejen trabajar si no se pliegan a al paro anunciado para mañana. Entre otras cosas, también afirma que la protesta no es contra la intervención, sino contra la expulsión de Marcelo Urban como interventor y es él quien los manda a protestar.

Estimados Señores:

Me dirijo a Uds. en una forma que jamás hubiera pensado:

Muchos (21 para ser exactos) afiliados al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de Puerto General San Martín Bella vista y Timbúes (El SUPA) me han pedido que publique esta solicitada, pero con la condición de mantener sus nombres en reserva.

Y este anonimato no es voluntario, sino que obedece al miedo generado por un grupo de afiliados que se proclamaron dueños del Sindicato, sin que nadie los elija.

Como seguramente sepan, este grupejo ha convocado a un paro en supuesta protesta por la intervención del SUPA, como si no fueran ellos quienes han defendido la intervención con uñas y dientes.

Digamos las cosas claras entonces: no es que protesten contra la intervención, protestan contra la expulsión de Marcelo Urban como interventor y es el nombrado quien los manda a protestar.

Y las personas que me piden esta solicitada, no quieren saber nada con la idea de parar, mucho menos para defender a este señor, pero tienen miedo de que no los dejen trabajar si no se pliegan a la medida.

Estas personas que, con particular cinismo dicen obrar en aras de la democracia sindical, parecen no entender que no pueden hacer primar su voluntad por sobre la del resto de los afiliados.

El SUPA no es de “ellos”, al contrario, ni siquiera lo representan.

Solo por capricho y mediante la fuerza pretenden decidir quién entra y quién no. Quién vota y quién no. Quién puede ser electo y quién no. Quién utiliza las instalaciones, el nombre y el isologo de la institución y quién no.

Y eso es cualquier cosa, menos democracia.

Pero lo peor de todo y para despejar toda duda acerca de los intereses que los mueven, los invito a analizar el documento que remito adjunto.

Estos señores, son los mismos que (junto con dos apoderados enviados por la intervención) entre gallos y medias noches firmaron un acuerdo en forma privada, sin intervención del Ministerio de Trabajo, con la excusa del aislamiento obligatorio.

Lo raro es que ese documento está fechado el 21 de mayo de 2020, cuando la intervención cesó en su mandato el día 19 de ese mismo mes.

No hace falta ser un genio entonces, para darse cuenta de que cuando el interventor advirtió que no continuaría en su cargo (lo que evidentemente, no se esperaba) reunió como pudo a los empresarios y con la anuencia de este grupo de afiliados, cerró una paritaria EN FORMA PRIVADA. Y claro, era de esperar: la misma importa un aumento del 36%, cuando la inflación del año 2019 superó por lejos el 50%.

Esta entrega de los derechos de los trabajadores, es precisamente lo que vino a hacer la intervención y este grupo de gente avala este proceder. Todo a cambio de un par de camionetas y que los dejen ir a tomar mate a la puerta de la Cooperativa.

Los empresarios a través de la intervención, han cooptado la voluntad de quienes se autodenominan representantes y con ello han vapuleado una vez más los derechos de los estibadores.

Es momento de unirse entre todos los trabajadores y evitar seguir a falsos líderes que lo único que hacen es entregar derechos.

La justicia dispuso continuar la suspensión de las autoridades del SUPA por 90 días más y es evidente que esta extensión es a los fines de lograr lo que Urban no pudo, que es directamente quedarse con el sindicato.

Será tarea de todos recuperar el mismo, pero no para sus dirigentes, ni para este grupito de patoteros que pretende elegir quien puede entrar o quien puede trabajar.

El SUPA es de los trabajadores y de nadie más.

Ricardo Omar Silva – Abogado Mat. Fed. T. 403 F.695