Por Carlos Alfredo Rinaldi (Abogado – Especialista en Derecho de Familia)

El abordaje de los conflictos suscitados en el ámbito de las relaciones familiares, impone a los abogados de Familia, la necesidad de una reflexión sobre la práctica. Esta actitud frente al resultado del hacer profesional no es privativo de la profesión abogadil, por supuesto, sino que es un examen que abarca a todos los operadores que cotidianamente problematizamos, reflexionamos y abordamos conflictos interpersonales de terceros, que abrevan de nuestra experiencia profesional para encontrar una resolución que conlleve la vivencia de una solución justa.

Sin embargo, el trabajo en el fuero de Familias impone a los auxiliares de justicia, la necesidad de ponderar no solo los intereses que se pretenden defender, sino también evaluar los alcances de los que posee la contraparte.

Analizar el escenario del conflicto, es dilucidar narrativas (las del propio cliente y las de la contraparte), para desentrañar necesidades ocultas, que muchas veces se muestran a simple vista como un mero juego de intereses (posiciones), y pueden confundir sobre la verdadera motivación del desacuerdo. Hasta el extremo de dejar en evidencia, muchas veces, que el pretendido entuerto no es tal, y que podría solucionarse con la habilitación de mejores canales de diálogo.

El proceso de familia no puede ser encarado bajo la lógica “ganar-perder” que muchas veces supone la cultura adversarial. Sino, más bien, requiere una mirada con pretensión integral, que permita contemporizar “renuncias-beneficios”, sobre todo atendiendo a la necesidad de “ganar tiempo” (celeridad), siendo, el tiempo, el activo más valioso que se pierde cuando nos enfrentamos a relaciones parentales afectadas por diferencias.

La mirada integral del conflicto requiere al consejero profesional, descomprimir las visiones negativas que aporten los antagonistas, cotejar y jerarquizar sus miradas sobre el conflicto, sin desautorizar las opiniones que cada uno tenga sobre él, aún cuando representen aportes sesgados o parciales del litigio. Buscar el acercamiento, en tanto y en cuanto, las características del diferendo lo permitan -por caso, cuando no medien situaciones de violencia o abuso, o la eventual comisión de delitos-.

Transmitir a los protagonistas la responsabilidad de construir colaborativamente la resolución que buscan, auspiciar los espacios para tal fin, y proveer las herramientas para que puedan lograrlo, es más importante que la tempestiva deducción de una demanda judicial.

Destacada doctrina autoral ha referido que; “…La creciente litigiosidad, o —para decirlo de un modo más técnico— la creciente judicialización de los conflictos, es el reconocimiento de la incapacidad para resolver un problema antes de pisar un tribunal de justicia. Y lamentablemente (y tal vez paradójicamente) es un problema que no ha podido resolver la vigencia continuada del sistema democrático… Allí es donde hay que trabajar, desde la sociedad y desde las instituciones (especialmente en las universidades, colegios profesionales, ONG, sistema educativo formal y no formal primario y secundario), generando hábitos de consenso y rutinas participativas que busquen caminos alternativos a la judicialización. La judicialización debe ser el último paso y no el primero en la dinámica de un conflicto, porque implica el fracaso de la concordia…”[1]

Para lograr una desatomización del conflicto es necesario articular algunas destrezas profesionales que deben encausar la compulsa con los protagonistas, enfatizando el diálogo, pero con actitud crítica, para analizar los beneficios y las pérdidas que supone abordar la pretendida solución por vías convencionales, es decir, cuando no queda otro remedio más que recurrir a la terceridad del órgano judicial, y buscar la solución aportada por un funcionario ajeno a las partes, imparcial e independiente.

Es menester crear agendas de trabajo que prioricen fortalezas, oportunidades, debilidades y todo aspecto relevante que los protagonistas deseen atender. Que desarticule las incomunicaciones, y refuerce la necesidad de las partes para analizar las posibilidades de articular convenios, ayudándolos a comprender que resignar parte de lo que inicialmente se pretende en miras de un “mejor resultado”, puede ser muy importante para evitar la dilación del desencuentro.

Algunas de las herramientas a las que se puede apelar son, según la experiencia de la “Mediación Familiar”:

• Reconocimiento, empoderamiento y autonomía personal de las partes, las personas con capacidades diferentes, las personas en situación de vulnerabilidad y niñas, niños y adolescentes.
• Empatía. Manejo de las emociones propias y habituales.
• Reencuadre. Recontextualización. Normalización. Externalización.
• Preguntas exploradoras. Circulares.
• Utilización de estándares objetivos.
• La utilización de preguntas para generar procesos reflexivos.
• El desarrollo del silencio proactivo.
• Avances con acuerdos parciales, temporarios-totales-definitivos. Seguimiento.

Todo conflicto importa un desencuentro. Frente a él, se puede optar por construir puentes que allanen el camino al acuerdo, o seguir perdiendo el tiempo en agudizar la controversia. Es menester fomentar la “Cultura de la Paz”.

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[1]ROSATTI, Horacio, «La Corte Suprema. Entre Escila y Caribdis.» – Cita on line: AR/DOC/735/2018