La Policía Federal y Prefectura Naval concretaron el operativo ayer en Vicentín, Molinos Agro, Nouryon y Oil Combustibles.

Los efectivos de la Policía Federal y Prefectura Naval volvieron a sorprender al cordón industrial. Esta vez el epicentro estuvo en la zona costera, precisamente en empresas que tienen su salida a las aguas del río Paraná.

El objetivo según trascendió fue verificar la posible contaminación que producen y sería consecuencia de una causa que lleva años dentro de la Fiscalía Federal de Rosario presentada por una ONG ambientalista. En este sentido, vendrían a consecuencia una veintena de procedimientos en firmas de diversos rubros.

Cuatro corporaciones de San Lorenzo fueron visitadas ayer por efectivos de las fuerzas de Seguridad Nacional. El motivo de la pesquisa fue tomar muestras y verificar el estado de funcionamiento de las plantas en su relación con las aguas del río Paraná, los efectos en el aire y la tierra.

La denuncia ingresó en 2014 a través de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa), organización ambientalista con sede oficial en Neuquén.

Cuatro empresas

Según confirmó La Capital, personal con especialidad ambientalista de la Policía Federal Argentina (PFA) junto a la Prefectura Naval Argentina (PNA) visitó las instalaciones de Vicentín, Molinos Agro, Nouryon (ex Akzo) y Oil Combustibles, donde se extrajeron diversas muestras de aguas y vertederos con el objetivo de llevar información precisa del funcionamiento para establecer un posible impacto ambiental a través de los fluidos y desechos que producen.

Hasta el momento el Ministerio de Seguridad de la Nación no emitió ningún comunicado que confirme de manera oficial los sucesos. No obstante, serán parte de una serie de visitas que llevarán a cabo las autoridades en búsqueda de pruebas que garanticen el funcionamiento del sector agroindustrial con respecto al medioambiente.

Más allanamientos

Cabe destacar que los allanamientos no se concentrarían solamente en las cerealeras, sino que también se extenderían a fábricas petroleras, papeleras, petroquímicas y ceramistas. Avanzarían también hacia las localidades de Puerto General San Martín y Timbúes.

En total son entre 23 y 25 firmas las que serán inspeccionadas. Asimismo desde la entidad ambientalista le anticiparon a este diario que muy posiblemente serán ampliadas a futuro.

Assupa nació en los años 90 en Neuquén haciéndoles frente a centenares de conflictos en relación a la explotación de hidrocarburos, pero su acción “ambientalista y defensora de los derechos de los dueños de la tierra” apunta a todo el territorio americano. Sus representantes anunciaron entonces que les preocupaba y ocupaba el río Paraná y el agua potable, y fue allí cuando dieron el puntapié inicial. Comenzaron a recolectar evidencia e hicieron una presentación oficial en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario en 2014 por incumplimiento de la ley 24051, que recién tuvo sus coletazos en la jornada de ayer.

Preocupa la contaminación

El presidente de la asociación, Ricardo Apis, afirmó al respecto: “Nos preocupa el alto grado de contaminación del río en esta zona. Muchas organizaciones civiles y sociales pidieron que vengamos a Rosario a ver el estado de situación del Paraná por acá. Comprobamos contaminación por las cloacas, por los detergentes de los frigoríficos, por las resinas y ácidos de las fábricas de papel, por la soda cáustica de las cerealeras y aceiteras y la anilina de las fábricas de mosaicos. Todo eso junto muestra una radiografía más que preocupante”.

Apis aclaró que la organización está integrada por un “grupo estable” de unas cincuenta personas interesadas en el medioambiente y que entienden su protección como un derecho humano. “Somos personas de distintas posiciones partidarias e ideológicas y, como la asociación no tiene fines de lucro, no responde a directivas de nadie ni a intereses sectoriales ni empresariales”, enfatizó.

Assupa se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera de la Patagonia. Pero, según señalaron sus representantes, como rápidamente advirtieron que “los problemas vinculados al medio ambiente trascendían los límites individuales”, asumieron una lucha colectiva y realizaron innumerables reclamos desde 1992, con importantes resultados en la Justicia.

Cautela y cuidado del ambiente

Por su parte, en diálogo con LaCapital el vicepresidente de la institución, Bruno Apis, en relación al proceso en el cordón industrial se sinceró: “Nos costó mucho trabajo presentar una demanda de esta naturaleza y queremos ser cautos porque estamos en un momento muy delicado, tanto en lo empresarial como lo político. Todos se hacen un mundo y a nosotros no nos interesa más que el cuidado del medioambiente”. Pero no dudó: “Queremos que avance hasta las últimas consecuencias”.

Luego, agregó: “Todos sabemos que la calidad de las aguas cayó muchísimo y por eso comenzaron nuestras investigaciones”. Al tiempo que reconoció que es la primera etapa, hay otras previstas en la investigación, que cuenta además con una causa civil.

En consonancia, el apoderado de la ONG, el doctor Miguel Mato, afirmó: “Los allanamientos tienen una programación de carácter reservado, hay una coordinación prevista de fechas y empresas denunciadas para que se investigue la eventual contaminación en el suelo, el agua, atmósfera, residuos peligrosos volcados o emitidos”.

Ante los recelos que genera la demora de casi cinco años el abogado destacó: “Está dentro de los plazos lógicos, el tema ambiental es sumamente específico, encontrar cuerpos de peritos que puedan cubrir estos tipos de muestras con las variadas especificaciones es complicado, la diversidad de las empresas hace que los operativos y el pedido de prueba lleven su tiempo. El desarrollo de la causa en líneas generales está bastante bien”.

Ante la magnitud del cordón industrial y los efectos que buscan, Mato definió: “Cada causa, cada lugar y cada experiencia es distinta. Confiamos que en el Gran Rosario a partir de este disparador se pueda resolver el impacto ambiental y de remediación que es lo que más nos interesa, es decir que las empresas dejen de contaminar”. Al tiempo que reafirmó: “No somos antiempresas, no queremos que se cierre todo, por el contrario, entendemos que es un proceso. Por eso existen asociaciones como las nuestras que intentan compatibilizar desarrollo sostenible con producción y hay empresas que intentan adecuarse y son permeables a los cambios. Buscamos compatibilizar producción con reducir el daño, no desconocemos la fuente laboral pero queremos ver como se busca un equilibrio”.

En este contexto, significa que la investigación abriría una revisión general y se podría convertir en una radiografía crucial del medio ambiente regional, donde se muestre su estado real y la verdadera afección que podría generarle el sistema productivo y exportador del cordón industrial de donde sale el 80 por ciento de la cosecha de la Argentina.

La Capital – Fabrina Donato