La fiscal Viviana O’Connell archivó la causa penal contra Mauro Scaloni, hermano del director técnico de la selección argentina de fútbol, quien había sido implicado en una investigación por extorsiones sexuales. La investigación, que se hizo pública en marzo del año pasado con allanamientos en Rosario, Pujato y Zavalla, involucra a siete imputados.

La fiscal O’Connell determinó que no existen pruebas que vinculen a Mauro Scaloni con las actividades del grupo de Telegram que operó entre mayo de 2020 y marzo de 2022. Este grupo difundía fotos íntimas y videos sexuales, en algunos casos sin consentimiento, junto con datos personales de las víctimas, lo que resultó en extorsiones.

Mauro Scaloni había sido demorado en marzo mientras se encontraba en la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

Gustavo Franceschetti, abogado de Scaloni, declaró que su cliente no tenía relación con los hechos investigados y que sufrió un año difícil al verse injustamente implicado en delitos graves. Franceschetti explicó que la investigación se originó a partir de la denuncia de una joven extorsionada por la divulgación de videos sexuales. La fiscalía rastreó un departamento en Rosario, propiedad de Lionel Scaloni, que supuestamente era frecuentado por Mauro. Sin embargo, la defensa demostró que el departamento estaba alquilado a terceros y que el peritaje del teléfono y la computadora de Mauro Scaloni no arrojó ninguna conexión con los investigados.

En audiencias previas, la fiscal O’Connell acusó a Tomás Miniello, Kevin Perucca Dubini, Tiago Toro, Luis Miguel Bonacci, Matías Dose, Franco Ferraris y Tobías Ezequiel Cortella de formar parte de una asociación ilícita dedicada a la difusión de material sexual no consentido. Mauro Scaloni había sido inicialmente incluido entre los presuntos miembros, pero ahora ha sido desvinculado de la causa.

Miniello fue mencionado como jefe, por ser el administrador del grupo de Telegram, mientras que el resto fue considerado integrante. Según la acusación, los imputados difundieron fotografías y videos de contenido sexual que no estaban destinados a ser vistos por terceros, y se aprovecharon de que las víctimas, por su desconocimiento de las maniobras utilizadas, no podían dar su consentimiento de manera libre. Estas imágenes y videos fueron expuestos a un número indeterminado de personas con el único propósito de satisfacer la voluntad de los ofensores en múltiples ocasiones, explicó O’Connell en la audiencia que se realizó en agosto del año pasado.