El escándalo del comedor fantasma en San Lorenzo sigue sumando pruebas que confirmarían el desvío de fondos públicos millonarios a través de la ONG Protegiendo Sueños San Lorenzo, vinculada al concejal kirchnerista Esteban Aricó. La organización recibió transferencias estatales por el Programa de Asistencia a Comedores Comunitarios y por el Programa Social Nutricional Infantil (Prosonu), una iniciativa destinada a financiar la copa de leche para niños en situación de vulnerabilidad.

Una auditoría del gobierno de Santa Fe confirmó que la ONG no tenía actividad real como comedor, que en su supuesta sede nunca se elaboró una ración de comida ni copa de leche, y que en su lugar operaba un búnker político de Aricó.

A valores actualizados, el dinero recibido por la organización supera los $70 millones, lo que refuerza la hipótesis de que fue utilizada como una estructura para apropiarse de fondos públicos.

Diagonal Berardo 1001: un búnker político disfrazado de comedor comunitario

Desde que se destapó el caso, los vecinos de Diagonal Berardo 1001 desmintieron la existencia de un comedor comunitario en esa dirección. Nunca hubo un cartel ni indicios de que allí se sirviera la copa de leche o se asistiera a niños, pero en cambio sí funcionaba un centro de operaciones de la campaña de Aricó.

El espacio era utilizado para reuniones políticas y esporádica distribución de bolsones con algo de mercadería, lo que generó sospechas sobre el verdadero destino de los fondos estatales.

La auditoría del gobierno de Maximiliano Pullaro confirmó estas denuncias: Protegiendo Sueños nunca elaboró raciones de comida, a pesar de haber cobrado millones de pesos para ello.

La situación escaló aún más cuando se reveló quiénes integraban la ONG. Entre sus autoridades figuran María Cristina Ramírez, secretaria de la organización, que acompañó a Aricó en la lista legislativa de 2021 y luego trabajó en su bloque del Concejo Municipal y Agustina Campano, tesorera de la ONG, que fue segunda candidata a concejal en la lista que impulsaba a Aricó como intendente.

Una mudanza nocturna

El nivel de encubrimiento quedó en evidencia cuando, en abril de 2023, vecinos registraron cómo un camión llegó de noche a Berardo 1001 y comenzó a vaciar el lugar. En las imágenes capturadas se puede ver cómo se retira material de la campaña de Aricó, justo cuando el escándalo ya era público.

Según testigos, en ese operativo participó Stella Maris Bravo, presidenta de la ONG, una mujer de 70 años.

Prosonu: el otro canal de financiamiento irregular

Además del dinero recibido por el programa de comedores comunitarios, Protegiendo Sueños San Lorenzo también fue beneficiaria del Programa Social Nutricional Infantil (Prosonu), administrado por el Ministerio de Desarrollo Social de la gestión anterior.

Según detalló el subsecretario de Seguridad Alimentaria, Jorge Márquez, la ONG recibió $3.909.456 en dos pagos durante 2023: enero 2023: $1.954.728, julio 2023: $1.954.728

El argumento presentado por la organización fue que asistían a 163 niños con la copa de leche durante 20 días al mes, lo que les permitía acceder a $325.788 mensuales en financiamiento.

Sin embargo, ninguno de los niños supuestamente asistidos existía en los registros oficiales y la asistencia nunca fue verificada en terreno.

Si se actualizan los montos por inflación, el dinero recibido por esta vía equivale a más de $22,5 millones en valores actuales.

Las transferencias sospechosas antes de las elecciones

Prosonu no fue el único programa utilizado para canalizar dinero a la ONG. Desde noviembre de 2022, Protegiendo Sueños también estaba inscripta en el Programa de Asistencia a Comedores Comunitarios, a través del cual recibió transferencias mensuales.

Si bien en un principio los montos oscilaban entre $345.000 y $997.626, en agosto de 2023 –en plena campaña electoral– la ONG duplicó su ingreso mensual, pasando a recibir $1.997.626 por mes, cifra que se mantuvo hasta diciembre.

Si se suman todas las transferencias y se actualizan a valores de enero de 2025, el total asciende a más de $70 millones.

La denuncia penal y la respuesta del gobierno de Santa Fe

El caso terminó en la Justicia penal, luego de que el gobierno de Santa Fe confirmara que el dinero nunca llegó a beneficiarios reales y que la ONG funcionaba como una aspiradora de fondos públicos.

Según el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, la auditoría detectó que de 800 comedores relevados, 160 tenían irregularidades y fueron dados de baja. Y que en 12 casos no se pudo comprobar que los fondos fueron utilizados para asistencia social, incluyendo Protegiendo Sueños San Lorenzo.

La investigación en curso apunta a determinar cómo se desviaron los fondos y quiénes fueron los responsables directos de la maniobra.

El escándalo no solo compromete a Aricó, sino que expone una red de desvío de fondos públicos.