En medio del conflicto laboral que afecta a los trabajadores de Lácteos Verónica por el impago de salarios, la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una audiencia para este viernes 18 de julio. Sin embargo, la modalidad elegida generó polémica: la reunión se realizará a través de Zoom, sin presencia física de las partes.

La empresa, con tres plantas en Santa Fe (Totoras, Lehmann y Suardi) y alrededor de 700 empleados, atraviesa una grave crisis financiera y de gestión que pone en riesgo sus operaciones. Los trabajadores denuncian que solo recibieron el 40% de sus sueldos de mayo, acumulan un mes y medio de salarios atrasados y no han cobrado el aguinaldo.

Ante la gravedad de la situación, los empleados acudieron a la Comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura provincial. Allí, el diputado Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) criticó duramente a la empresa y a las autoridades: “La impunidad de las patronales es proporcional a la resignación de la política y cierto gremialismo ante el poder de las empresas”, afirmó.

Además, Del Frade cuestionó la forma en que se comunicará un posible recorte de personal: “Pero el viernes convocan a los trabajadores por Zoom al anuncio que les harán desde la Secretaría de Trabajo de la Nación: que dejarán 200 familias santafesinas en la calle”. El legislador tildó la medida de “obscenidad” y “falta de respeto total”, remarcando: “Les comunicarán por Zoom que serán despedidos. Una brutal crueldad que no debe ser permitida ni mucho menos naturalizada”.

La situación de Lácteos Verónica refleja una crisis que no solo afecta a la empresa, sino a cientos de familias que dependen de su sustento, en un contexto donde la falta de diálogo y las decisiones burocráticas profundizan el conflicto.

La crisis no es algo nuevo. Según dirigentes gremiales, los problemas de Verónica comenzaron en 2017 y, tras la muerte de su fundador, se agravaron debido a una gestión desorganizada y sin dirección. Durante la pandemia, la empresa llegó a procesar un millón de litros de leche por día y logró regularizar el pago de salarios, pero luego volvió a decaer. Desde hace dos años, la producción y la adquisición de insumos se redujeron drásticamente.

A esto se suma la presión de los tamberos proveedores, que enfrentan retrasos cada vez mayores en los pagos. Mientras que antes el plazo de cobro era de 45 días, ahora la empresa extiende los pagos por la leche cruda a más de 90 días. Además, se acumulan cheques rechazados que, según estimaciones privadas, ascienden a unos $800 millones.

Otro dato que resurge con la crisis es que, en 2017, la familia Espiñeira, propietaria de Lácteos Verónica, realizó un blanqueo de activos por montos estimados entre u$s40 y u$s420 millones, según fuentes del régimen de sinceramiento fiscal de ese año. Este proceso incluyó la regularización de bienes en el exterior y el pago de una multa de alrededor de $63 millones. Fuentes del sector lácteo señalan que parte de esos fondos provenían de maniobras de subfacturación en exportaciones de leche en polvo en años anteriores, especialmente entre 2010 y 2012.