La empresa de tratamiento de residuos IDM, ubicada en la ruta 10 en San Lorenzo, implementó esta semana suspensiones rotativas para todo su personal. La medida afecta directamente a los trabajadores y reactiva un conflicto que lleva más de dos meses de negociaciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Julio Barroso, secretario del Sindicato Químico de San Lorenzo, explicó en una entrevista en La Radio, los motivos detrás de esta decisión: “La empresa planteó que se le cayó la clave ambiental de Nación y de la provincia para el tratamiento y recepción de residuos peligrosos. Eso, sumado a una caída en la actividad industrial a nivel país, reduce la generación de residuos y afecta a empresas como esta”.

Las “claves ambientales” son habilitaciones que otorgan el Estado Nacional y Provincial para que las empresas puedan operar en el tratamiento de residuos peligrosos. Sin ellas, IDM no puede trabajar. “Si Ambiente de Nación le da la clave, puede. Si se la baja, no puede. Lo mismo con Provincia”, aclaró Barroso.

Además, un informe que tuvo lugar en julio de 2025, a cargo de la Brigada de Control Ambiental (BCA), cuyos objetivos fueron verificar el manejo de cenizas, la situación general de la planta y el cumplimiento de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, hallaron que existen residuos acumulados desde 2018, muchos sin rotular ni identificar; contenedores corroídos y deteriorados con riesgo de fugas; falta de espacios adecuados para la circulación y la manipulación segura; depósitos sin detectores de humo o incendio, a pesar de ser obligatorios; lagunas de tratamiento en mal estado, derrames de cenizas sobre el suelo; bienes deteriorados con cenizas acumuladas; y la ausencia de monitoreo continuo de gases de chimenea, dejando la fiscalización ambiental en manos de mediciones portátiles. En cuanto a la contaminación en el Arroyo San Lorenzo, se detectaron efluentes líquidos, peces muertos y mamíferos fallecidos, presuntamente como consecuencia de la contaminación.

Frente a este escenario, la respuesta de la empresa fueron suspensiones rotativas que implican una reducción de horas trabajadas y, por lo tanto, de los salarios. El sindicato las denunció como “incausadas” ante el Ministerio de Trabajo. “Entendemos que es obligación del empresario cumplir con la normativa y tener las habilitaciones. No es algo que dependa de los trabajadores”, sostuvo Barroso.

Respecto al impacto laboral, el dirigente señaló: “Nosotros representamos a 45 afiliados de un total de 60 trabajadores químicos. Lo que nos interesa es la continuidad laboral, el patrimonio de cada familia”. Además, aclaró que otros sectores de la empresa, como los camioneros, también se ven afectados, aunque bajo otras condiciones salariales establecidas por su convenio.

Barroso destacó la viabilidad de que existan empresas tratadoras de residuos en una zona industrial clave como la del cordón de San Lorenzo: “Es absolutamente viable. Necesitamos industria, y que los residuos se traten aquí, cerca de donde se generan”. Sin embargo, remarcó que la gestión comercial y ambiental es responsabilidad exclusiva de la empresa y del Estado.

Sobre el futuro de IDM, Barroso fue claro: “Si recupera o no las claves es una pregunta para los empresarios. Nosotros lo que queremos es trabajar”. Mientras tanto, el sindicato mantiene su posición de acompañar las gestiones siempre y cuando se garantice el puesto del 100% del salario y no se afecte a trabajadores próximos a jubilarse.

La situación de IDM refleja un entramado más amplio de tensiones regulatorias, económicas y laborales que impactan de lleno en la vida de los trabajadores y en la sostenibilidad ambiental de la región.