El gobierno liderado por Javier Milei ha publicado una versión actualizada del borrador de la «Ley Bases», resaltando que se ha reducido notablemente la cantidad de empresas que se proponen para privatización total o parcial. En este nuevo documento, se mencionan 18 entidades, lo cual es mucho menos que las 41 que se sugerían inicialmente en el proyecto original.

Este proyecto de ley, que ha generado un amplio debate en el ámbito político y económico, busca transformar el panorama empresarial argentino, al transferir la gestión de varias compañías estatales al sector privado. Entre las empresas que se pretenden privatizar en su totalidad se encuentran: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Por otro lado, hay cinco empresas que podrían estar sujetas tanto a privatización como a concesión: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).

Además, el documento establece que algunas entidades solo podrán ser privatizadas parcialmente, manteniendo el Estado Nacional una participación mayoritaria en su capital o en la toma de decisiones societarias. Entre estas se encuentran: Nucleoeléctrica Argentina S.A., Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil, Pellegrini S.A. y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Es relevante destacar que este proceso de revisión ha eliminado del listado a varias empresas que generaban controversia, como: YPF, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (ARSAT), Dioxitek S.A, Ferrocarriles Argentinos S.E. y Administración General de Puertos S.E.

Dioxitek, aunque menos conocida, desempeña un papel estratégico al procesar uranio concentrado para abastecer los reactores nucleares, una actividad en la que escasea la tecnología a nivel mundial. Respecto al Banco Nación, el principal banco del país, seguirá siendo objeto de debate al permanecer en el listado de empresas sujetas a privatización parcial.

El cierre de Télam, la agencia nacional de noticias, también es mencionado en el contexto de este proceso, justificado por las pérdidas financieras significativas que enfrentaba la entidad.

Para supervisar estas privatizaciones, se ha establecido la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, en colaboración con la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. La normativa detalla los procedimientos para la enajenación de activos y la transferencia de bienes al Estado.