La Policía Federal detuvo esta mañana a Herme Juárez el presidente de la cooperativa portuaria y secretario general del sindicato de trabajadores SUPA. Fueron 30 allanamientos en en Puerto General San Martín y San Lorenzo en sedes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y domicilios particulares por una causa federal de delitos económicos. También en las localidades de Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y Carcarañá.
Según informó la Policía Federal tras el operativo, se libró un exhorto para que los bienes que la Cooperativa dirigida por Juárez poseería en Uruguay sean asegurados preventivamente. Además, se bloquearon las cuentas bancarias existentes en nuestro país, cuyos montos ascenderían a más de 100.000.000 de dólares.
Además de la detención del sindicalista Herme Juárez hay al menos otras seis personas. Los mismos están siendo investigados en una causa judicial por presunto lavado de activos. Se trata del gerente de la cooperativa Gustavo Daniel Badia, el ex tesorero Hernán Mario López, el tesorero Damián Luis Bunuello, Pablo Luis Bunuello, el síndico Ramón Rubén Tevez, el abogado de la cooperativa Ramón Jorge Jeres, su hermano y presidente de la cooperativa Iván Daniel Juárez y José Luis Gómez.
Bajo la supervisión de funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones – dependiente de la Secretaría de Seguridad que encabeza Eugenio Burzaco –, el personal de la fuerza que lidera Néstor Roncaglia realizó 31 allanamientos en oficinas, viviendas particulares y sedes de cooperativas y mutuales ubicadas en las localidades de San Lorenzo, Puerto San Martín, Funes y Carcarañá (provincia de Santa Fe), Victoria (Entre Ríos) y Merlo (San Luis).
Se destaca que en las acciones tuvieron importante participación funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la AFIP, del Ministerio de Producción y Trabajo, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Los aprehendidos estarían involucrados en diversas maniobras ilícitas, como ser el desvío de fondos desde las cooperativas y mutuales a cuentas privadas de los responsables de las mismas. Ese dinero habría sido utilizado luego para la compra de inmuebles y autos de alta gama.
Por ese motivo, se libró un exhorto internacional a fin de requerir a la República Oriental del Uruguay el aseguramiento preventivo de los cuantiosos bienes que la organización poseería en ese país.
Asimismo, a través del Banco Central de la República Argentina se ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios y financieros de la asociación, cuyos montos ascenderían a más de 100.000.000 de dólares.
“Quien esté fuera de la ley debe responder ante la Justicia, sin importar quién sea o qué cargo ocupa. Se acabó el tiempo de impunidad”, afirmó la ministra Bullrich.
Interviene en los hechos el Juzgado Federal de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay.
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