La medida busca institucionalizar la mesa de coordinación de medidas de seguridad entre los distintos poderes y niveles del Estado que fue implementada por decreto durante la gestión de Miguel Lifschitz.

En la tarde de este jueves, legisladores de los distintos bloques dieron media sanción a la ley que impulsaron la socialista Lionella Cattalini y el radical Juan Cruz “Cacu” Cándido para que se constituya de manera estable la Junta de Seguridad de la provincia, órgano que funcionó durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz y agrupaba a integrantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con el fin de evaluar y diagramar políticas públicas de seguridad. “Con esta ley queremos que la Junta quede institucionalizada oficialmente para abordar la problemática de la seguridad en conjunto y que no dependa de la voluntad del Ejecutivo de turno”, enfatizaron.

“Justamente hoy se cumple un año desde que el ex ministro de seguridad anunció que iba a convocar a la Junta provincial de Seguridad, los legisladores y legisladoras seguimos esperando la convocatoria, mientras tanto avanzamos en consolidarla desde lo institucional, esperamos que ya no dependa más de la voluntad de un ministro o un gobernador. Si bien entendemos que no es la solución del problema, porque los problemas no se resuelven de un día para el otro con una sola medida, si entendemos que va a contribuir a que podamos diagramar políticas entre los 3 poderes del Estado que nos permitan, por lo menos, retomar una senda de una paulatina caída de los índices de delitos que se rompió en el 2020”, señalaron Catallini y Cándido.

Además, explicaron que la Junta Provincial de Seguridad “se había institucionalizado durante la gestión del gobernador Lifschitz por decreto y era una instancia de trabajo mancomunado entre los 3 poderes del Estado en donde estaban invitados a participar jueces, fiscales, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, legisladores con representantes de las dos cámaras, el poder ejecutivo, ministros, el Jefe de policía” entre otras entidades. Hasta diciembre de 2019 las reuniones se hacían de manera periódica pero con el cambio de gestión “nunca se volvieron a reunir pese a la insistencia de algunos diputados por la situación de inseguridad que atraviesa la provincia”.

Ambos coincidieron en señalar que “la situación de violencia e inseguridad se fue agravando en los últimos 20 meses, con un índice de homicidios que arroja que hoy en Rosario hay 165 victimas y en toda la provincia 250. Esto es una señal de alerta junto con los ataques al poder judicial, los atentados a diario que sufren familias en los barrios de Rosario, y vemos también que no hay una idea clara de como gestionar los recursos que tiene el Ministerio de Seguridad, lo que si vemos es que se diluyó el slogan de ‘Paz y Orden’ y hoy el gobernador solo reclama ayuda de Nación”

Respecto de la sanción en sí, ambos remarcaron la importancia de que haya avanzado en la Cámara Baja y se mostraron entusiasmados con la posibilidad de que se de rápido tratamiento en la Cámara de Senadores para poder avanzar rápidamente en la implementación “y ver si podemos de alguna manera retomar el camino que permitió a la gestión de Lifschitz y Pullaro obtener un descenso gradual de la violencia y la criminalidad. No vamos a recuperar las vidas que se perdieron pero quizás podamos empezar a devolverle un poco de tranquilidad a los santafesinos y santafesinas”.