Este martes, representantes del sector agropecuario participaron de una reunión en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto a funcionarios de Cancillería y la Subsecretaría de Ambiente, para expresar su preocupación y rechazo al Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo. Esta normativa establece restricciones a la comercialización y exportación de productos vinculados a la deforestación y degradación forestal.

Como se recordará, se trata de un reglamento aprobado por la Unión Europea y que impone que las exportaciones de ganado bovino, soja y madera (además de otros productos que no son importantes en Argentina como cacao, café, palma aceitera o caucho) deben realizarse con mercadería que haya sido producida en campos que no hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020. 

Este es el principal requisito, entre otros que impone la UE, y que vienen generando fuertes rechazos no solo en el ruralismo argentino sino también en toda Sudamérica, puesto que se interpreta que Europa busca avanzar con sus regulaciones sobre la potestad de los países de conservar sus bosques de manera sostenible, pero según sus propios estándares.

Durante el encuentro, las instituciones del agro presentaron un documento detallando su oposición al EUDR (siglas en inglés de la regulación), argumentando que estas medidas afectan la soberanía nacional, desconocen las normativas locales y vulneran los derechos de quienes integran la cadena productiva, comercial e industrial del sector.

Además, se solicitaron modificaciones en ciertos artículos del reglamento para mitigar su impacto comercial y se pidió que no se incluyan nuevos productos o ecosistemas en futuras actualizaciones. A la par, el sector agropecuario continuará trabajando en esquemas de trazabilidad para evitar la pérdida de mercados, sin que esto implique conformidad con la normativa.

Los funcionarios del Gobierno nacional respaldaron el reclamo y se comprometieron a relanzar negociaciones bilaterales y multilaterales con la Unión Europea, priorizando el diálogo con el Parlamento europeo y promoviendo la colaboración público-privada del sector agropecuario. Como resultado, se acordó establecer una mesa de trabajo para dar seguimiento a estas gestiones.

En ese sentido, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-Cec señaló: “Se le solicitó al Gobierno reactivar la estrategia de diálogo y buscar una negociación con la CE y el Parlamento Europeo para revisar y adaptar el reglamento de no deforestación a la realidad productiva de nuestros países, dado que ha sido un reglamento excesivo y unilateral. Mas allá de eso, seguiremos trabajando en VISEC para ampliar la plataforma a todo el universo de productores y operadores de soja y carne bovina”.

Entre las entidades firmantes del documento se encuentran Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), y Sociedad Rural Argentina (SRA)