El Gobierno puso en marcha un plan para recortar las horas extras de los trabajadores del Estado. La medida forma parte del plan de reducción de gastos en toda la administración pública que anunció el Presidente Javier Milei cuando asumió y es fuertemente resistida por los sindicatos que representan a los empleados estatales.

En una auditoría sobre los salarios de los empleados estatales, el Gobierno detectó casos de trabajadores con más de la mitad de su salario compuesto por horas extras y adicionales. Ese relevamiento había sido ordenado por el Decreto 84/2023, una norma que también obligó a que se dieran de baja todos los contratos de personal temporario que vencían a fines del año pasado. Con esta última decisión, el Gobierno de Milei buscará bajar en 7.000 contratos la plantilla del personal del Estado nacional.

La auditoría que se hizo en las últimas semanas del año permitió encontrar casos de agentes de “categorías bajas” que cobran buena parte de sus ingresos con adicionales y horas extras asignados a la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el ministerio de Economía. Se trata, en muchos casos, de choferes, mozos, personal de seguridad y también administrativos de baja calificación. En este sentido, en el Gobierno citan como ejemplo el caso de un empleado que gana $473 mil de bolsillo, con un sueldo básico de $178.225 y una “compensación” de $162 mil, entre otros suplementos que hacen al conformado salarial.

Todos esos trabajadores están regidos por contratos que fueron revisados por el área de Empleo Público de Jefatura de Gabinete. Ese equipo lo coordinan Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y el subsecretario de Modernización, Martín Bocacci.

Este miércoles, Guibert les envió una nota a los ministros instándolos a poner en marcha el plan de recorte de horas extras y adicionales salariales. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted, por instrucción del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, con relación a la asignación de servicios extraordinarios (horas extras) en todas aquellas jurisdicciones y entidades que conforman el Sector Público Nacional. Al respecto, se informa que en virtud del objetivo de racionalización de los recursos del Estado (…) y a fin de contar con una ordenada gestión funcional de la distribución de actividades del personal de su dependencia, a partir del día de la fecha, queda suspendida la asignación de horas extraordinarias, debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente”, escribió el funcionario en la carta titulada “Lineamientos horas extras”.

La nota de Guibert provocará un impacto muy visible en los salarios de los estatales, ya que desde ahora, las horas extras deberán ser solicitadas a los empleados por las máximas autoridades de cada organismo y no sucederá más, como ocurre ahora, que los empleados ya tienen asignados montos de horas extras casi de manera invariable, lo cual les permite engorsar sus ingresos.

“Excepcionalmente, para el caso de que se encuentre acreditada la imposibilidad de dar respuesta a impostergables necesidades operativas que comprometan manifiestamente el servicio público, se podrá solicitar fundadamente la asignación de servicios extraordinarios. Para ello, se deberá planificar las funciones del organismo y el personal necesario para cumplirlas. En este último caso, la autoridad con rango no inferior a Director Nacional; General o equivalente, deberá solicitar la asignación de los servicios extraordinarios”, postula la carta enviada a todo el Gabinete.

Aunque el pago de las horas extras y otros adicionales salariales a los empleados públicos no implica un agregado significativo en comparación con otros ítems del Presupuesto -como el gasto en planes sociales, en jubilaciones y pensiones, en subsidios a las tarifas de servicios públicos o en obras públicas- el Gobierno lo quiere hacer visible para fortalecer el discurso de que “el ajuste lo paga la política”.

Con esa idea, el Gobierno busca hacer más digeribles para la población otros recortes que sí afectarán a una porción más grande la población, como la quita de subsidios al combustible o a los servicios.

Con estas y otras medidas, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscará llegar este año a conseguir un superavit fiscal de 2% del PBI, una de las metas a las que se comprometió en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado este martes.

(Con información de Clarín)