El default de Vicentín es sin lugar a dudas el tema que más preocupa a las nuevas autoridades del Banco Nación, por los más de $18.370 millones que deben recuperar a causa de los numerosos créditos que Javier González Fraga le otorgó a la agroexportadora.

La magnitud de los montos excede todos los límites de riesgo de concentración fijados en la normativa de Basilea II -adoptados por el Banco Central- y habla de un claro vínculo entre el macrismo y la empresa de las familias Padoán-Nardelli, una de las principales aportantes a la campaña del entonces oficialismo.

El importe representa el 78% de la deuda bancaria de la compañía, lo que refleja la llamativa prudencia del resto de las entidades financieras a la hora de autorizar préstamos a esta firma. El siguiente acreedor en importancia es el Banco Provincia con unos $1.623 millones y mucho más atrás figuran el Hipotecario ($721 millones), Macro ($540 millones), Nuevo Banco de Entre Ríos ($427 millones) y otros sietes bancos que en su conjunto apenas reúnen una deuda de $1.600 millones. Es decir que, los cuatro bancos públicos (Nación, BICE, Ciudad y Bapro) son acreedores de $20.600 millones de los $23.300 millones, es decir 88,4% del total.

Para el banco público la deuda de Vicentín significa tal exposición, que compromete el 20% de su responsabilidad patrimonial computable, un porcentaje que limita gravemente su capacidad prestable y pone en jaque sus finanzas.

Como agravante, la institución también financió a gran parte de la cadena de proveedores de la industria, que también se vio afectado por el default de Vicentín. A su vez, el Banco Central todavía no actualizó la clasificación de deudores con la información al 31 de diciembre del 2019, por lo tanto, los pasivos podrían ser aún mayores.

En el entorno de Eduardo Hecker (presidente Banco Nación) ya están buscando responsables por esta situación y tienen en mira a la mano derecha del Gerente General Juan José Fragati, un hombre de Fraga que logró permanecer gracias al apoyo de la Comisión Gremial Interna y de los Gerentes Regionales.

Se trata del Subgerente General de Banca Corporativa, a quien acusan de haber ignorado las advertencias del Área de Riesgo Crediticio y podrían desplazarlo a la sucursal Madrid, según confirmaron a LPO fuentes allegadas a Hecker.

«No hay una explicación económica ni jurídica de por qué se accedió a exceder ese límite fijado por riesgo. Es suspicaz, nadie otorga un crédito por sobre un límite sino recibe una contraprestación», afirmaron a este medio y recordaron otros polémicos prestamos de la entidad hacia empresarios amigos del macrismo.

El más conocido es el caso de Mercado Libre, que a fines de 2017 consiguió el aval de la Casa Rosada para que el Nación le gire $4.000 millones, al tiempo que enfrentaba una demanda de la AFIP por impuestos impagos por 500 millones de dólares.