«Lo maté porque lloraba y no tenía que darle de comer», confesó la mujer en junio de 2016 cuando llevó a su hijo al Samco de San Jerónimo Sur. Lo había ahorcado con un cinto. Cuatro años después, su situación procesal no está resuelta y la fiscalía pide una medida de seguridad para la mujer.

Un terrible hecho conmocionaba la localidad de San Jerónimo Sur un 18 de junio de 2016. Una mujer se presentó con su hijo de dos años en el hospital local con su bebé muerto y le relató a una enfermera que lo ahorcó » porque lloraba mucho y no tenía que darle de comer». A cuatro años del filicidio la mujer está internada en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros y sin fecha de un juicio oral.

Ayer, se llevó a cabo una nueva audiencia que se realizó vía zoom en los tribunales sanlorencinos donde el fiscal Leandro Lucente había solicitado una medida de seguridad a Constanza Victoria B., hoy de 28 años, quien confesó haber asesinado a su hijo de dos años ahorcándolo con un cinto. El fiscal había pedido una sanción complementaria complementaria para evitar nuevos hechos debido a la inimputabilidad de la mujer, que había quedado detenida ese mismo día en el Samco de la vecina localidad.

El juez Juan José Tutau determinó que la mujer no tiene capacidad para entender los procesos judiciales, y que no puede hablar ni estar en un juicio que prevé una pena de prisión perpetua. El año pasado cuando en una audiencia preliminar al juicio oral Victoria sufrió una descompensación y quedó suspendido el debate.

Incluso el juez anterior de la causa, Eduardo Filloco había solicitado el sobreseimiento de la mujer y que se le imponga una medida de seguridad, pero aún la Corte no se expidió al respecto y quedó sólo bajo la justicia civil.

Sin embargo, la justicia aún no resolvió la situación procesal de la mujer quien se encuentra internada en el Hospital Psiquiátrico de Oliveros. Las juntas médicas del ministerio de salud que analizaron su caso dictaminaron que era inimputable, pero la fiscalía solicita que se le aplique una medida de seguridad como por ejemplo un tratamiento y que siga recluida en la Colonia Psiquiátrica, porque al no poder ir a juicio, no puede ser condenada. En otras palabras, lo que la fiscalía pide es que no salga a la calle para que no cometa un daño a terceros o a sí misma cuando se le de el alta.

El estado de salud mental de la mujer aún continúa desequilibrado y no puede comprender el proceso penal, no puede entender el rol de un juez o de un abogado, ni puede defenderse. El caso aún quedará sin resolución.