El diputado Ariel Bermúdez (CREO) presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Provincia para conocer el estado ambiental de la empresa Ar Zinc, ubicada en Fray Luis Beltrán que cerró en 2016 dejando a 400 empleados en la calle.

La empresa que pertenecía al grupo Glencore, ubicada sobre la ruta 11, única fabricante en el planeta de ácido sulfúrico y zinc electrolítico, cerró sus puertas aduciendo pérdidas desde la rotura de un horno.

“Las y los vecinos de Fray Luis Beltrán vienen sufriendo hace años la falta de respuestas y la contaminación que dejó Ar Zinc luego de su cierre abrupto en 2016.La falta de tratamiento adecuado de los residuos tóxicos que utilizaba para la producción de ácido sulfúrico y lingotes de zinc no es novedad, es una situación que se ha denunciado reiteradas veces por organismos de todo tipo#, expresó Bermúdez.

La empresa, que antes era Sulfacid hasta que fue comprada por el grupo Glencore contaba con denuncias por contaminación e intoxicación y por el pasivo ambiental que dejó tras su cierre. Además de eso, los hechos de robo y vandalismo son constantes desde entonces.

Recién el en año 2022,  la jueza en lo Civil y Comercial de Rosario María Silvia Beduino ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe que informe sobre las posibles infracciones ambientales.

El abogado ambientalista Fabian Maggi había iniciado en 2015 una acción de información ambiental sobre la habilitación de la firma, bajo la sospecha de infracciones e incumplimiento de saneamiento ambiental. Aún con reiterados pedidos en el mismo sentido, nunca hubo respuesta.

“Por eso, para iniciar las acciones necesarias y que la firma se haga cargo de lo que le corresponde, reiteramos el pedido a través de la Cámara de Diputados de Santa Fe para conocer la información existente en relación al “Plan de Cierre y Remediación ambiental” de la empresa”, agregó el legislador.

“Si bien el amparo por mora de la Administración no se encuentra específicamente regulado en el ordenamiento santafesino, ello no debe resultar un obstáculo en virtud del cual se le nieguen a los administrados derechos que se encuentran consagrados en la Constitución Nacional”, escribió la magistrada en su decisión, que intima a la Secretaría de Ambiente para que brinde información sobre el estado del predio abandonado por Ar Zinc, el riesgo ambiental, las responsabilidades y las acciones para remediar la contaminación si es el caso.

La denuncia del abogado Maggi no fue la única que interpeló a la empresa controlada por Glencore. Otra es la interpuesta en 2020 por la ONG ambientalista Equística Defensa del Medio Ambiente. Esa demanda de amparo se presentó en el Juzgado Civil y Comercial 2 de la ciudad de San Lorenzo y además involucraba a las autoridades políticas de Fray Luis Beltrán.

La presentación denunciaba el “incumplimiento de Ar Zinc en la presentación del plan ambiental de cierre, lo cual conllevaría responsabilidades no solo para la sociedad sino también para el propio municipio”. Habían pasado cuatro años del parate de la planta, y se alertaba sobre las consecuencias: “se mantienen esparcidos en el predio y sus inmediaciones elementos altamente nocivos como el ácido sulfúrico y cadmio, que utilizaba en su proceso productivo”. Por ello, el colectivo ecológico le reclamó a la Justicia que ordene a la empresa y al Ejecutivo local “cesar urgentemente la afectación al medio ambiente y los riesgos que el abandono ambiental conllevan para la salud de los vecinos y la región”.

Antes del cierre intempestivo, hubo denuncias por afectaciones a la salud de los empleados. Daniel Santillán, integrante del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y ex trabajador de Ar Zinc, recordó en 2020 los “problemas de compañeros contaminados con arsénico, con plomo, con cadmio. Todo esto controlado por los médicos del gremio, con documentación fidedigna”. Y coincidió en cuestionar la vista gorda estatal: “No nos olvidemos que esto tiene que ver con el poder económico y ellos incidían de esa manera sobre el poder político”.

Santillán resumió entonces los padecimientos laborales frente a la desidia corporativa y la ausencia del poder público: “Nosotros no trabajamos con dulce de leche, lo hacemos con productos químicos de alta toxicidad. Y quien diga que un producto químico no contamina, está mintiendo”.

 “Cada tres meses nos hacían análisis para verificar nuestro estado de salud, y nos daba que teníamos un nivel alto de arsénico en sangre. El médico de la empresa me dijo que me pasaba eso porque yo comía mucho pescado, achuras y manzana, cuando yo trabajaba con arsénico puro. No era dulce de leche lo que manipulábamos, eran productos químicos de alta toxicidad”, contó. Y abundó: “Nunca supimos si la muerte de muchos compañeros no fue consecuencia de los efectos que producían los productos que manipulábamos”. decía Santillán por ese entonces.

En julio de 2018, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó además un proyecto de comunicación en la Cámara baja de Santa Fe advirtiendo una situación peligrosa sobre un producto, la “Jarosita”, residuo del proceso de creación de chapas de zinc electrolítico que, según su presentación, dejó Ar Zinc.