Se trata de iniciativas que corrigen y mejoran la actual legislación. Los diputados Clara García, Maximiliano Pullaro y otros miembros de los Bloques Socialistas y Unión Cívica Radical, presentaron proyectos que proponen facilitar las tramitaciones y elevar los porcentajes establecidos en la ley vigente, beneficiando a empresas santafesinas en las compras estatales de bienes y servicios.

Los legisladores proponen establecer un régimen de compre local en las contrataciones públicas superador al que actualmente está vigente. Según señaló la diputada del Bloque Socialistas Clara García, la aplicación de la Ley N° 13.505 (y sus modificaciones) resultó bastante dificultosa y, en este contexto, se hace necesario rever y mejorar dicha normativa.

En tanto, mientras dichos proyectos avanzan en su trámite legislativo, diputados socialistas presentaron una iniciativa adicional en la que proponen elevar hasta el 31 de diciembre de 2020 los porcentajes establecidos en la Ley N° 13.505, de modo de mejorar las condiciones ya dispuestas para beneficiar a las empresas locales que proveen bienes y servicios al Estado.

Tanto una como otra iniciativa buscan favorecer a empresas santafesinas que crean trabajo en la provincia frente a otras propuestas, en el segundo caso en el marco de la pandemia de coronavirus y la emergencia sanitaria dispuesta en todo el país.

MODIFICACIÓN DE PORCENTAJES EN EL COMPRE SANTAFESINO

“Ante una coyuntura que obligó a la mayor parte de las empresas que producen bienes y prestan servicios a cerrar sus establecimientos, con la consiguiente pérdida de ingresos y hasta puestos de trabajo, proponemos elevar hasta el 31 de diciembre de 2020 los porcentajes establecidos en la Ley N° 13.505 (modificada por la Ley N° 13.619)”, detalló García.

Por su parte el diputado Pullaro señaló que: “Hasta ahora hemos visto mucho esfuerzo de parte del Estado nacional, pero es muy escaso el apoyo del Gobierno de la Provincia para con los comercios, las industrias y los profesionales y monotributistas locales. Hay que actuar ahora, hay que asistirlos ya para preservar el aparato productivo de la provincia y las fuentes de empleo.”

“Por un lado, el producto o proveedor local tendrán preferencia cuando el precio -para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago-, sea igual, inferior o con una diferencia de hasta el 10% (hoy es el 5%) con respecto al de empresas no consideradas provinciales”, explicó a su vez Garcia.

“La nueva Ley tiene como propósito que los recursos que vuelca el Estado provincial per sé o a través de los municipios y comunas sean direccionados a los comercios, industrias, cooperativas, etc. santafesinas. De esta manera mejorar el ingreso económico y por ende la situación de la economía santafesina”, añadió Pullaro.

En tanto, si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antes mencionado, ninguna empresa o proveedor local resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el 16% (hoy es el 8%) respecto de la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorarla.

Asimismo, García detalló que la iniciativa “contempla que aún en aquellas contrataciones que deban llevarse a cabo por razones de urgencia, necesidad pública o emergencia, la administración pública provincial, sus organismos, empresas, sociedades y otros entes públicos (comprendidos en los artículos 4 y 5 de la Ley N° 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado), deberán preferentemente adquirir o contratar bienes originarios o producidos en la provincia de Santa Fe y contratar obras o servicios de empresas o personas proveedores locales”.

“Hace semanas venimos realizando reuniones con comerciantes, industriales, monotributistas, profesionales y cooperativas. Le presentamos la propuesta que elevamos al Ejecutivo de la Provincia. Debemos llevar más de 30 y en todas vemos una falta de presencia de parte del Ejecutivo provincial que preocupa y mucho.” enfatizó Pullaro.

HACIA UN NUEVO SISTEMA

El proyecto establece un nuevo régimen obligatorio de preferencia en beneficio de bienes u oferentes locales, alcanzando a todas las contrataciones del Estado provincial. “De esa manera, buscamos contribuir al desarrollo de la industria santafesina, mejorando sus capacidades productivas y potenciando sus diferentes perfiles”, explicó la diputada socialista.

A diferencia del régimen actual, la iniciativa apunta a que la aplicación resulte simple para los operadores involucrados y se transforme en una herramienta efectiva para la adquisición y contratación de productos y obras de origen local u ofrecidos por establecimientos locales.

En caso de no contar en la provincia con bienes de origen local ante una demanda, ya sea por falta de producción, cantidad o calidad, y ante similares características técnicas, prestaciones y forma de pago, “deberá darse prioridad al oferente local que los provea, cualquiera sea el origen de estos, con idéntica preferencia a la de los bienes de origen local, en los términos y con los alcances que se establecen en el nuevo régimen”, detalla la propuesta.

La iniciativa establece que un bien es de origen local cuando, independientemente del carácter local o no del oferente, haya sido producido o extraído o transformado -total o parcialmente- en la provincia de Santa Fe, siempre que el costo de las materias primas, insumos, mano de obra o materiales locales, supere o iguale el 40 % de su valor bruto de producción.

El bien, servicio u obra de origen local o el oferente local tendrán preferencia en su oferta cuando, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio iguale o no supere en más de un 5% al de la oferta no local con menor precio.

Si aplicando dicho rango de preferencia, ninguna oferta local resultare favorecida, deberá entonces convocarse a la oferta local cuyo precio no supere en más de un 8% y a la mejor cotización del resto de los oferentes, a mejorar sus ofertas.

El proyecto incluye beneficios impositivos, estimulación de la contratación de mano de obra local, fraccionamiento de las compras para permitir la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, y establece reglas de previsión y transparencia para facilitar su aplicación.