Tras el cierre de plantas, el intendente Leonardo Raimundo pidió medidas urgentes para evitar mayor impacto en los trabajadores.

La decisión del directorio de Vicentin de cerrar sus plantas en Avellaneda y Ricardone por la falta de contratos de fasón generó un fuerte impacto en la región y reactivó reclamos para que la Justicia actúe con rapidez ante la crisis que atraviesa la histórica agroexportadora santafesina.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, quien a través de su cuenta en X (ex Twitter) exigió que el juez del concurso actúe de inmediato para garantizar tanto la continuidad operativa de la empresa como el pago de salarios a los empleados.

El comunicado oficial de la firma señala que la decisión de cerrar las plantas responde a la “falta de contratos de fazón”, lo que —según aseguran— “dificultó el cumplimiento de los compromisos asumidos”. Desde la empresa explicaron que el cierre busca “proteger los activos” a la espera de una posible reactivación cuando las condiciones lo permitan.

La noticia se conoció en el marco del proceso judicial que enfrenta a cuatro exdirectivos de Vicentin, acusados de asociación ilícita, para quienes se dictó prisión preventiva por 120 días.

En este contexto, el intendente Raimundo se suma al reclamo de trabajadores y del gremio aceitero que desde hace semanas vienen manifestando su preocupación por la continuidad de la actividad y el mantenimiento de las fuentes laborales. La resolución del concurso y la posibilidad de que se habiliten nuevos fasones para retomar la producción se presentan como elementos clave para evitar un desenlace aún más crítico.

Vicentin podría reactivar su planta de San Lorenzo con apoyo externo mientras avanza el concurso preventivo

En horas de la tarde del sábado, fuentes especializadas en la situación de Vicentín indicaron que grupos privados estarían dispuestos a aportar materia prima, pero la decisión final está en manos del juez del concurso, Fabián Lorenzini.

Trascendió que empresas de Rosario y una multinacional con presencia en la región habrían expresado su voluntad de aportar granos para que la planta retome sus operaciones de forma temporal, al menos hasta que la Justicia defina el futuro del proceso concursal.

La reactivación permitiría sostener los puestos de trabajo y garantizar ingresos para los empleados, lo que es una de las principales preocupaciones del gremio aceitero, del intendente de San Lorenzo y de los propios trabajadores. Todos ellos han reiterado en múltiples oportunidades —y en diversas manifestaciones públicas— su deseo de evitar un escenario de quiebra.

En este contexto, la decisión está ahora en manos del juez que entiende en el concurso. Según fuentes cercanas al proceso, en las próximas semanas —ya sea la actual o la que comienza el 14 de abril— podría definirse la autorización para que se habilite la provisión de materia prima y se destrabe así la paralización operativa.

Al término del proceso concursal, el magistrado deberá resolver si homologa el acuerdo de acreedores, aprueba un Cram Down (salvataje empresarial) o, en última instancia, declara la quiebra. Las dos primeras alternativas evitarían el cierre de la empresa y permitirían preservar las fuentes de trabajo.