“Ninguna pena por justa o proporcional que sea, puede deshacer lo que pasó”, señaló en la sentencia.
Este miércoles el juez Eugenio Romanini condenó a un año en suspenso y dos años de inhabilitación para conducir vehículos a Mariela Benítez, la empleada del hospital local que embistió con su vehículo la moto en la que viajaba como acompañante Romina, provocándole graves consecuencias físicas y neurológicas.
La mujer perdió masa encefálica y quedó en silla de ruedas. Pasó varios años internada en instituciones medicas, pero nunca pudo recuperarse.
Esta última era conducida por una persona quien llevaba como acompañante a la víctima provocando con dicha colisión la caída de sus ocupantes y ocasionándole a esta última lesiones gravisimas. Todo eso mediante la conducción en forma imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo Volkswagen Gol, violando los deberes de cuidado consistente en realizar un giro hacia su izquierda no advirtiendo que por la misma arteria se desplazaba una motocicleta por detrás colisionando con la misma con la parte delantera izquierda al lateral de la motocicleta.
El juez Romanini brindó un adelanto de los fundamentos a la familia de Romina, durante la sentencia.
“Cuando ocurre un accidente, especialmente uno que cambia para siempre la vida de una persona y la de su entorno, el derecho penal enfrenta un límite difícil de aceptar: ninguna pena, por justa o proporcional que sea, puede deshacer lo que pasó”, expresó el magistrado.
” No existe una sanción capaz de restaurar la vida previa, devolver la salud perdida ni aliviar el peso de los días que han quedado marcados por el dolor, la impotencia y la desesperación”
.”En estos casos, las palabras como justicia o reparación adquieren un significado profundamente distinto. Para una madre, como Roxana, que ha sido testigo de la transformación de la vida de su hija en una lucha diaria, cargada de sufrimiento y esfuerzo constante, cualquier pena puede parecer insuficiente o, incluso, irrelevante frente al impacto abrumador de lo que ha vivido” continuó.
“El sistema judicial puede intentar responder desde la lógica de las normas y los principios, pero no puede ofrecer lo que verdaderamente se necesita: volver atrás en el tiempo, borrar el accidente y devolver a la víctima y a su familia aquello que les fue arrebatado.La imposición de una pena, en este contexto, se encuentra atrapada en esa limitación. Su objetivo no es reparar lo irreparable, porque eso está fuera de su alcance. Lo que puede hacer es establecer una sanción que, dentro del marco legal, reconozca la gravedad del daño y la responsabilidad que lo originó, pero sin perder de vista que no medió intención y que el sufrimiento que hoy persiste no tiene cura en el ámbito del castigo”, siguió.
“Es importante entender que esta falta de reparación concreta no es una negación del dolor ni de la tragedia. Muy por el contrario, es un reconocimiento profundo de que el derecho penal no puede sanar las heridas que dejan este tipo de hechos” señaló Romanini.
.”El sufrimiento de una víctima, y el de su madre, no puede medirse en años de prisión ni resolverse en una sentencia. Este sufrimiento es real, es diario, y no desaparece cuando se cierra un causa judicial.Por eso, la respuesta jurídica debe ser proporcional, sí, pero también humana”
“La justicia no consiste solo en imponer una sanción, sino en acompañar, en reconocer el impacto devastador del hecho, en no tratar el caso como uno más. No se trata de minimizar responsabilidades ni de eludir la aplicación de la ley, sino de recordar que detrás de cada resolución judicial hay personas. Personas que cargan con una historia de dolor que no ha terminado aún.En este marco, el desafío es lograr que el derecho cumpla su función sin generar expectativas imposibles, pero también sin ignorar la realidad de quienes sufren. Porque aunque la pena no pueda ofrecer reparación, la empatía, el reconocimiento y la dignidad con la que se aborde el caso pueden marcar una diferencia. A veces, eso también es justicia” finalizó.
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