Durante la sesión del 20 de diciembre en la Legislatura santafesina, el senador Armando Traferri, ex presidente del bloque de senadores del PJ, celebró la intervención de la Unidad Regional XVII dispuesta por el ministro de Seguridad Marcelo Saín. Traferri enumeró una serie de de amenazas y hechos “concretos” ocurridos a él y su familia. En el mismo sentido se refirió a situaciones de presuntos delitos de comercialización de cereal en negro, de robos y ligados al narcomenudeo, que sostuvo haber denunciado en la Cámara y que son “conocidos por cualquier vecino de San Lorenzo”. En su alocución Traferri apoyó la intervención con la expectativa d que “a partir de ahora los vecinos del departamento San Lorenzo podamos estar mas tranquilos”. Ante esto, el ministro Saín realizó una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación en la que dejó constancia para que se investiguen los hechos enumerados por el senador y que se le requiera que acompañe “las denuncias que debe haber formalizado cómo ciudadano y legislador”, a la vez que ordenó garantizar la seguridad para él y su familia ante amenazas telefónicas, atentados y robos particulares sufridos,

En el recinto, Armando Traferri dijo que la intervención es “una decisión importante que tomó el Ministerio y que tiene que ver en la falta de cumplimiento en la seguridad pública que debe brindar la policía en el departamento San Lorenzo”. Recordó “las veces que denuncié irregularidades” y que “cada vez que las hacía recibía amenazas de todo tipo y hechos concretos como el robo a punta de pistola a mi mujer y a mi hijo a dos cuadras de mi casa; el incendio de tres autos que estaban en un taller mecánico que pertenece a la familia y el robo del auto a mi hija, el mismo auto que fue usado en Capitán Bermúdez por un delincuente que estaba prófugo y vendía drogas en esa ciudad, además del robo de las computadoras en mis oficinas del Senado”.

El caso de Delfín

“Denunciamos el caso de Delfín Zacarías, un narcotraficante que gozó de los beneficios de los concejales de San Lorenzo con ordenanzas que le permitieron construir edificios para así blanquear su dinero y el caso de Paula Perassi, donde estuvo involucrada la fuerza de seguridad del departamento”, dijo Traferri desde su banca. “El hecho de mi esposa y mi hija, que hasta el día de hoy tienen temor, estaba en la cúpula policíal que fue intervenida”.

“Cualquier vecino” de la ciudad de San Lorenzo sabe “quién vende drogas y quiénes manejan los puertos secos de los cereales robados y los puertos húmedos del robo de combustibles o de agroquímicos. Lo saben todos”, dijo el legislador y expresó su deseo de que después de la intervención de la Unidad Regional XVII de Policía “eso deje de ocurrir”.

Aportar información

El ministro Saín en la denuncia hecha ante el Ministerio Público dejó en claro que “el senador debe aportar esa información sobre lo que dice que todo el mundo sabe”. En el escrito el ministro expresó el motivo de su presentación. “En este acto quiero anoticiar a la fiscalía estos acontecimientos (denunciados por Traferri) y solicitar que se investigue y se acompañen las denuncias que el senador debió haber formulado, dado su carácter de legislador sobre el que pesa el deber de denunciar y al mismo tiempo se garantice la seguridad de él y su familia.

La intervención de la policía sanlorencina fue una de las primeras medidas de la gestión Perotti. Su jefe, Gonzalo Paz, quedó tocado por graves investigaciones contra personal de su confianza que están presos por conexiones con Esteban Alvarado y pidió el pase a retiro.

El actual jefe de la policía de Santa fe, Víctor Sarnaglia, dijo en el momento de la intervención que “una insatisfacción ciudadana y otras causas hicieron que se interviniera la Unidad Regional XVII. Para mí empleado de policía que no cuida y delinque y más aun el que se asocia con un delincuente no es considerado policía y lo quiero afuera”, sintetizó el jefe policial. A propuesta de Sarnaglia, Sain designó interventor de la URXVII al comisario Carlos Rodolfo Lemos y subinterventor a su colega Claudio Andrés López.

Fuente: La Capital