Jueces de toda la provincia se concentrarán este viernes por la tarde en el Salón de Actos del edificio de Tribunales en Rosario, para participar del «Primer encuentro provincial de la Magistratura y la Función Judicial». La convocatoria formulada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia no está planteada como una protesta, pero se produce en momentos en que desde ese ámbito se ha expresado preocupación, y con una agenda temática que en parte aborda esas mismas cuestiones.

Según la comunicación interna, está previsto que, con la presencia de reconocidos expositores, «se analizarán y debatirán temas de urgente actualidad para nuestro sector». En particular, la reforma previsional (que el Ejecutivo provincial acaba de remitir al Senado), la reforma constitucional y el sistema de selección de magistrados y funcionarios.

Pero también hay otros temas que tienen en vilo a los miembros del Poder Judicial, y que fueron abordados la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia con el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, convocados a tal efecto por el Tribunal. También se había solicitado la presencia del ministro de Gobierno, Fabian Bastia, que faltó a la cita.

Los planteos

El primer punto es la demora en la cobertura de vacantes, la falta de trámite a una serie de expedientes que atañen al personal del Poder Judicial y las previsiones presupuestarias, que abarcan la política salarial, pero también los gastos de funcionamiento. Máxime cuando las partidas previstas se agotaron, por efecto de la trepada inflacionaria de fin de año y los primeros meses del actual, y ahora la provisión de recursos para atender pagos de salarios y gastos de funcionamiento está sujeta a la necesidad de refuerzos mensuales, por la vía de decretos del Ejecutivo.

En la Corte hicieron notar que además de haberse terminado los fondos para atender la política salarial, incluso los necesarios para los retroactivos de mayo y junio, cada uno de ellos del 4,2 %. Pero además apuntaron que no cuentan con partidas suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento, y las obras en marcha, como la ampliación del edificio de Tribunales en Santa Fe y el de Casilda.

Vacantes
En cuanto a las vacantes, se trata de un planteo recurrente desde el Poder Judicial, pero que en este caso asume particular relevancia por el tiempo transcurrido desde la última cobertura de cargos de jueces (el 24 de noviembre de 2022), y el ritmo acelerado que están tomando las jubilaciones, precisamente por la inminencia de la reforma previsional.

En tal sentido, hay que recordar que en el Poder Judicial computan a la fecha un total de 70 vacantes estrictamente de jueces. Lo que, sobre un plantel total de 374 cargos, supone el 24 % a nivel provincial; esto es, casi la cuarta parte. Pero la proporción se agrava en algunas circunscripciones, como en el caso de Santa Fe, donde hay más cargos vacantes que en Rosario y, por lo tanto, el porcentaje es mayor. Pero además, con las jubilaciones ya anunciadas hasta fin de año, apresuradas por la posibilidad de cambio de régimen, el total de vacantes previstas trepa a 84, y no se descarta que se sumen otras. Desde el Poder Ejecutivo se anticipó el criterio de no proceder a una cobertura «automática» de vacantes, sino de hacerlo previa evaluación del nivel de demanda y necesidad en cada uno de los casos, para concentrarse en ellos, en una suerte de reformulación no declarada del mapa judicial.

Los jueces también plantearon la demora en el trámite de expedientes en la órbita del Poder Ejecutivo. Se trata de algo menos de 90 trámites, pero que involucran a más de 440 agentes, entre jubilaciones, ascensos, rectificaciones e incluso una cesantía.

El mismo tema fue abordado esta semana en un comunicado del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia, que se pronuncia «ante la mora del Sr. Gobernador en la firma de los decretos de los nombramientos de ingreso y ascensos del personal administrativo, de servicios y funcionarios en los Tribunales, MPA y SPPDP», y anticipan la decisión de iniciar un reclamo administrativo.

«Es tarea de este Sindicato defender los derechos laborales, la independencia del poder judicial y la administración de justicia. Esta situación trae angustia y zozobra a quienes con muchísimo esfuerzo rindieron un examen ingreso, promovieron un ascenso o ganaron un Concurso. Así los hechos, además del reclamo administrativo reafirmamos la lucha gremial en defensa de la dignidad de todos los integrantes del Poder Judicial», sostiene el documento.

Por todos estos temas, la Corte sumó una nueva convocatoria para el próximo martes, en este caso para el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Con información de El Litoral