El secretario general del Sindicato de Camioneros de la provincia, Sergio Aladio, aseguró que la reactivación de la Refinería San Lorenzo, de la empresa Oil Combustibles SA -cuya quiebra “con continuidad de la explotación” fue resuelta por la justicia el 11 de mayo pasado-, “debe ser una cuestión de Estado para la provincia de Santa Fe, no sólo porque se trata de una refinería de combustibles que tiene un carácter estratégico sino porque hay temas ambientales de por medio y, fundamentalmente, más de 150 puestos de empleo de camioneros que hoy están sin poder trabajar”.

Aladio participó ayer de una reunión con el Dr. Javier Cosentino, juez subrogante a cargo del Juzgado Naconal Civil y Comercial Nº 5, que tiene intervención en la causa. De esa reunión también participó la ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, así como representantes de otros gremios involucrados en la problemática motivada por la quiebra de Oil.

“La ministra Ciciliani entendió y compartió nuestro planteo en el sentido de que perder la oportunidad de tener en actividad una refinería en la provincia de Santa Fe es un tema de Estado. No se trata sólo de una cuestión gremial, sino de un tema de Estado, y esto es lo que hay que destacar, incluso por encima de la cuestión laboral y de la seguridad e higiene, que son otros temas que se le han planteado a la justicia”, señaló Aladio.

En la resolución de la quiebra, el magistrado ordenó que se abriera un proceso licitatorio donde pudieran presentarse interesados en la gestión y administración de la Refinería San Lorenzo, con el fin de resguardar los activos de la empresa fallida, controlar la cuestión ambiental y preservar los derechos de los trabajadores. A ese proceso respondieron las empresas Lukoil; Trafigura; Vitol -esta multinacional se asociación a la empresa Petroil; la estatal YPF -asociada con DAPSA SA; y una cooperativa de trabajo.

La situación judicial en estos momentos indica que la gestión de la compañía fallida fue otorgada, “hasta su venta definitiva” -lo que ocurriría entre septiembre y octubre próximos- a las empresas YPF y DAPSA, cuya oferta fue considerada la más conveniente económicamente por parte de los interventores judiciales. Sin embargo, para la Sindicatura que interviene en la quiebra la mejor oferta no fue la de YPF, sino la que presentaron Vitol-Petroil, ya que incluía la garantía laboral para el 100% de los rabajadores y también proponía la reactivación inmediata de la Refinería San Lorenzo, que dispone de un puerto propio donde Vitol podría atracar sus propios buques y abastecer de materia prima a la Refinería para ponerla en funcionamiento en forma casi inmediata.

A mediados de junio se firmó el contrato de gestión con YPF-DAPSA, que comenzaron a operar la parte más rentable del negocio que dejó vacante Oil: el abastecimento a la red de estaciones de servicio de la ex Oil. “Lo que nosotros planteamos al juez es que YPF está abasteciendo a la red de estaciones de servicio de Oil con sus propios combustibles, utilizando el cargadero de YPF sobre la ruta 10, a escasos metros de la Refinería San Lorenzo que está paralizada. Y eso deja a 160 camioneros sin trabajo”, señaló Aladio.

“En el cargadero que ahora está desactivado se proveían aproximadamente 110 camiones por día, despachándose todo tipo de combustibles. Pero ahora el cargadero de Oil no funcona; el sector de muelles del puerto natural de la empresa tiene sólo un movimiento mínimo respecto a su capacidad operativa y no está asegurado el mantenimiento de todas las instalaciones”.

Para Aladio, “lo que podemos asegurar por ahora es que las condiciones actuales de actividad, pese ‘a la continuidad’ resuelta por la Justicia, no aseguran el mantenimiento de las instalaciones en el despacho de camiones y la inactividad irá afectando progresivamente y poniendo en serio riesgo el trabajo de nuestros afiliados”.

Por otra parte, Aladio se mostró sorprendido por el hecho de que “permanentemente nos están hablando de la necesidad de generar confianza para atraer inversores extranjeros. Acá hay una empresa extranjera que quiere invertir, reactivar una refinería, proveerla con crudo a través de sus propios barcos, dar trabajo al 100% del personal, y pese a todo esto, rechazan la oferta. Es sorprendente”.

Finalmente, consideró que “la justicia tiene que priorizar las fuentes de trabajo. Incluso la ministra Ciciliani le transmitió al Dr. Cosentino la necesidad de que la justicia se adapte, en sus decisiones, a las difíciles condiciones que atraviesa el país. La ministra quedó comprometida a hacer una presentación también por el tema de seguridad e higiene. Ahora los tiempos que maneja la justicia es que la venta definitiva se haría en septiembre u octubre”.

Fuente: Cadena Oh