El Senado convirtió en ley la reforma laboral y Milei consiguió su mayor victoria parlamentaria

Con 42 votos a favor y 28 en contra, la Cámara alta sancionó la Ley de Modernización Laboral tras aceptar los cambios de Diputados y eliminar el artículo sobre licencias médicas. El Gobierno cerró las sesiones extraordinarias con un triunfo clave y una norma que redefine reglas centrales del mercado de trabajo.

En el último día de las sesiones extraordinarias, el Senado le dio al presidente Javier Milei el triunfo político más relevante desde su llegada al poder. La Cámara alta convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el oficialismo, luego de avalar las modificaciones introducidas por Diputados y suprimir el polémico artículo vinculado a las licencias médicas.

La votación reflejó la nueva geometría parlamentaria: 42 senadores respaldaron la iniciativa, 28 la rechazaron y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano se abstuvieron. El oficialismo de La Libertad Avanza consiguió así articular una mayoría con la UCR, el PRO, peronistas disidentes y bloques provinciales, tras cuatro horas de debate atravesadas por fuertes cuestionamientos sindicales y protestas en las calles.

Qué cambia con la nueva ley

La norma introduce modificaciones profundas en el régimen laboral argentino, con el argumento oficial de “modernizar” el sistema y otorgar previsibilidad a los costos empresariales.

Indemnizaciones.
Se mantiene el esquema de un mes de sueldo por año trabajado, pero se excluyen del cálculo conceptos como el aguinaldo y premios extraordinarios. Además, se fija un tope máximo de hasta tres veces el salario promedio del convenio aplicable. Las PyMEs podrán pagar indemnizaciones en cuotas —hasta 12— ajustadas por inflación más un 3% anual. La indemnización pasa a ser la única reparación por despido sin causa.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Se crea un mecanismo para asistir a empresas en el pago de indemnizaciones, financiado con aportes obligatorios: 1% de las remuneraciones brutas para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs. Hoy esos fondos se destinan al sistema previsional, por lo que la medida abre interrogantes sobre su impacto en el financiamiento jubilatorio.

Convenios colectivos.
Se priorizan acuerdos por empresa o región sobre los convenios sectoriales. Se elimina la ultraactividad: los convenios vencidos ya no se prorrogarán automáticamente.

Vacaciones y jornada.
Se habilita el fraccionamiento de vacaciones en períodos no menores a siete días. Se incorpora el “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descansos, respetando topes semanales y descansos mínimos. La jornada podrá extenderse hasta 12 horas diarias si no se supera el máximo legal semanal.

Derecho a huelga.
Se amplía el listado de servicios esenciales —incluida la educación—, que deberán garantizar un 75% de funcionamiento durante medidas de fuerza. Los servicios “trascendentales” deberán mantener un 50%. Las asambleas en lugares de trabajo requerirán autorización del empleador.

Trabajadores de plataformas.
Se crea la figura del repartidor independiente, estableciendo que el vínculo no constituye relación laboral sino contrato de servicio.

Blanqueo laboral.
Se prevé una eximición de hasta el 70% de deudas por aportes para regularizar trabajadores informales y se establece un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral con reducción de cargas patronales.

Un triunfo político con impacto abierto

El Gobierno aceptó modificaciones para asegurar apoyos y desactivar resistencias, especialmente la eliminación del artículo sobre licencias médicas, que había generado fisuras incluso entre aliados.

Para el oficialismo, la ley representa una señal de confianza hacia inversores y empresas, con la promesa de dinamizar el empleo formal. Para la oposición sindical y sectores del peronismo, en cambio, implica una pérdida de derechos y un abaratamiento del costo del despido.

Con esta sanción, el Congreso cerró el capítulo de extraordinarias y abrió otro más complejo: el de medir en la economía real el impacto de una reforma que reconfigura uno de los pilares del sistema social argentino.