El 5 de septiembre, tras las 16:40, la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó con media sanción un proyecto de ley de reforma previsional, que fue enviado inmediatamente a Diputados para un tratamiento rápido. El oficialismo impulsó el avance sin intentar negociar la unanimidad con la oposición. La aprobación se dio a través de un tratamiento sobre tablas, obteniendo 14 votos a favor de Unidos para Cambiar Santa Fe, mientras que 4 de los 5 senadores del bloque Justicialista votaron en contra. Armando Traferri, del PJ-San Lorenzo, fue el único senador ausente con aviso, pero ya había firmado un despacho alternativo junto a sus colegas en la Comisión de Análisis.

La sesión tuvo un debate interesante después de que los senadores de los partidos radicales, socialistas, Creo y Unite levantaran la mano. Hubo una gran manifestación en el Palacio Legislativo, principalmente de docentes y empleados municipales pertenecientes a Amsafé, Sadop y Festrám, lo que llevó a un aumento en los controles de acceso y se prohibió la entrada del público a las barras.

El oficialismo, liderado por Rodrigo Borla, presidente del bloque, logró el número necesario para aprobar la medida, beneficiándose de tener más de dos tercios de los escaños. Esto sucedió solo una semana después de que se presentara el expediente elaborado por los funcionarios del gobernador Maximiliano Pullaro.

Es cierto que hubo cambios de último minuto, incluso uno que se tuvo que leer durante la votación. Sin embargo, estos fueron solo ligeros ajustes al texto que ya se había discutido ampliamente entre los líderes de los bloques de Unidos en ambas cámaras y el gabinete provincial. El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, estuvo presente en las reuniones previas a la sesión.

El primero en hablar por la mayoría fue Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio), quien expresó que el déficit de la Caja de Jubilaciones proviene de 10 años atrás y felicitó al gobernador Pullaro por enfrentarlo. Advirtió que el rojo estimado para 2024 es de 430 mil millones de pesos, con los que el Estado podría cubrir el presupuesto de unas 80 ó 100 municipios de entre 20 y 30 mil habitaciones, o comprar por ejemplo 5.000 ambulancias.

Borla explicó que en la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Previsional se incorporaron más legisladores y representantes de los gremios del sector público. Su presentación fue técnica y detallada sobre la norma que se votó en Diputados. Mencionó los principios generales que guiaron el trabajo de la Comisión de Análisis y las reuniones entre legisladores y funcionarios. Confirmó que no se modificarán las edades de jubilación, pero se «faculta» al Ejecutivo para implementar cambios si se producen a nivel nacional. Para el peronismo, esto representa una «delegación de facultades» perjudicial desde el punto de vista institucional.

Para el sanjustino, la reforma busca proteger la Caja evitando su traspaso a la Nación y estableciendo un sistema más equitativo: quienes más ganan aportan más, pero al cobrar habrá límites. Felipe Michlig, presidente provisional de la Cámara y de la UCR santafesina, anunció que la otra Cámara priorizará su tratamiento. Esteban Motta (UCR-San Martín) elogió la medida a pesar de sus costos políticos.

Sin embargo, la oposición, liderada por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), criticó la norma y el diagnóstico de emergencia del sistema. Afirmó que no hay «déficit estructural» y advirtió que los números deben analizarse en un contexto más amplio. Señaló que el Estado actúa como «patronal» de los empleados públicos y que es natural que haya aportes de impuestos. Resaltó que mientras en Santa Fe se debate el déficit de la Caja, a nivel nacional no se observa lo mismo, a pesar de que un 40% de las cuentas de Anses se financian con recursos nacionales.

Pirola también destacó la premura del oficialismo, lo que impidió un trabajo legislativo con propuestas y aseguró que dos meses después no ha recibido respuesta a su solicitud de informes sobre los números que justificarían la emergencia.