Clara García destacó las modificaciones realizadas en beneficio de los municipios. Joaquín Blanco advirtió que controlarán que los recursos “sean invertidos correctamente”.

Luego de introducir algunas modificaciones a los mensajes provenientes del Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría el Presupuesto 2023 y la Ley Tributaria correspondiente a dicho ejercicio. Ahora ambas iniciativas deberán ser revisadas por los senadores el martes próximo.

La diputada provincial Clara García (Bloque Socialista) remarcó “la responsabilidad” de quienes son opositores al garantizar “el presupuesto para el último año de la gestión del gobernador (Omar) Perotti”, teniendo en cuenta que tiene minoría en la Cámara baja.

En consonancia, el presidente del bloque socialista, Joaquín Blanco, señaló que apuntaron a “evitar la pésima experiencia que generó el Ejecutivo el año pasado, que no permitió tener el presupuesto hasta el mes de marzo”.

García recordó que desde el socialismo fueron “muy críticos de este gobierno en lo que hace a las cuestiones presupuestarias” y fundamentó dicha postura: “Perotti ha preferido tener los fondos guardados en el banco en lugar de hacer las obras que vecinos y vecinas necesitan y de brindar los apoyos sociales necesarios en distintos momentos”.

También afirmó que la actual gestión “ha hecho diferencias entre los municipios según el color político” y, en tal sentido, explicó que algunas de las modificaciones realizadas apuntan, por ejemplo, a que “el presupuesto respete los fondos requeridos por municipios que gestionaron la salud pública durante la pandemia y las inversiones en seguridad, tanto en grandes ciudades como en poblaciones más chicas e inclusive, rurales, donde es una gran preocupación”.

Al respecto, Blanco destacó que la intención fue “buscar coincidencias, hacer planteos razonables, realistas y, sobre todo, cuidar los recursos de los santafesinos de modo que sean invertidos correctamente, evitando arbitrariedades y discrecionalidades en un año electoral”.

García amplió esa visión: “El gobernador tendrá los recursos y tributos que necesita y también autorización para tomar deuda, algo con lo no acordamos pero donde igual decidimos no atarle las manos. Vamos a ser custodios de que esos fondos cubran las necesidades de la gente y no suceda lo mismo que con aquellos $3.000 millones aportados por el gobierno nacional para seguridad, que nunca se invirtieron y hoy han perdido su valor”.