El encuentro convocado por el juez Fabián Lorenzini de la cual participaron más de 300 actores terminó con gritos y acusaciones entre el gremio, los trabajadores y una de las acreedoras contra uno de los directivos de Vicentin

Este viernes se realizó una audiencia por la crisis de Vicentin de la que participaron más de 300 personas, entre ellos varios actores, entre ellos directivos, acreedores, sindicatos, funcionarios provinciales entre otros, que estuvieron a través de zoom. En encuentro terminó con un caliente debate y denuncias de los gremios aceiteros.

La audiencia duró casi tres horas y media. El diputado Carlos Del Frade que participó de la misma expresó que: El juez Fabián Lorenzini, decidió pedir informes al directorio de Vicentin para que en el término de tres días presenten un panorama completo para realizar un plan de pagos para los trabajadores y acreedores; que den cuenta de los contratos vigentes y los saldos de cuentas en el exterior a través de Vicentin Uruguay y Vicentin Europa, el stock de mercaderías e insumos para elaborar un cronograma de pagos; una lista de bienes ociosos para que puedan tener una rápida resolución; cuáles son los problemas críticos de las plantas; un análisis de medidas paliativas para la reapertura de las plantas cerradas e invitar al gobierno provincial para incorporarse en este proceso”.

“Resulta llamativo que al borde de la quiebra y durante cinco años de concurso de acreedores recién ahora se repare en la necesidad de saber cuánto dinero tienen los integrantes del viejo y del actual directorio en cuentas bancarias del exterior. En julio de 2020 el fiscal federal Pollicita había demostrado la fuga de 788 millones de dólares que eran del Banco Nación a paraísos fiscales. Aquel dinero fugado es fundamental para mantener las fuentes laborales de Vicentin”, agregó.

“La deuda posconcursal de Vicentin ya asciende a 38 millones de dólares, 18 de los cuales es con Renova. Lo que se debe en sueldos suma 3 millones de dólares y en luz y gas, 5 millones de dólares. No hay actividad industrial. Para recuperar la actividad en San Lorenzo, por ejemplo, se necesita, como mínimo, un millón de dólares en mantenimiento, fueron algunos de las cifras vertidas por uno de los veedores, Andrés Schocron. Daniel Succi, secretario general de los aceiteros de San Lorenzo, denunció que la parada de las plantas fue ordenada por Pedro Vicentin y que no son seguras por la existencia de material inflamable y semillas de girasol. Igualmente los trabajadores tienen la plena decisión de seguir en las plantas y trabajar a cambio de algo de dinero”, resumió.

Desde la empresa, resaltaron la Parada “segura” de plantas: Argumentan que fue una decisión técnica para evitar un colapso operativo por falta de energía y mano de obra, además de incertidumbre jurídica.

Falta de certezas: Denuncian que sin un pronunciamiento claro de la Corte sobre la homologación del acuerdo con acreedores (o un cramdown), la continuidad es inviable.

Rechazo a las acusaciones: Estanislao Bougain, miembro del directorio niega que los fondos de la empresa se usaran para honorarios legales y destaca que sus imputaciones judiciales están apeladas.

Escepticismo sobre Commodities: Afirman que no hubo propuestas concretas de este grupo para operar la empresa y cuestionan su viabilidad.

“Se decidió en comité hacer una parada segura de las plantas el viernes pasado, por temor a no tener ni energía ni fuerza laboral para poder hacerlo ordenadamente”.
Bougain describió el estado crítico de la compañía y señaló la falta de certezas jurídicas:
“En caso de que la Corte provincial no gire la queja a la Corte Nacional, este directorio tiene que mandar la queja por su cuenta, pero sin certezas de plazos. Y con esta realidad de la empresa, no hay certezas de continuidad”.

Y agregó:

“Los tiempos son igual de largos y nunca hubo ninguna propuesta concreta de Commodities. No sabemos si planean operar con todos los empleados, ni en qué condiciones. Nunca se presentó una propuesta real”.

Daniel Succi, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados SOEA, fue el primero en contestar duramente:

“La parada segura es una mentira, es una maniobra para apretar a la Corte. Desde que se fueron los interventores, en septiembre de 2024, se volvieron a robar los sueldos”.
Y sostuvo:
“En febrero Vicentin siempre trabajó sin soja. Este verso de que no hay semilla es una excusa. Las fábricas paradas no le sirven a nadie. Los trabajadores sin sueldo no pueden poner la planta en marcha”.

Succi también remarcó la situación de Renopack, controlada por Bunge y no incluida en el concurso, cuyos trabajadores cobraron el 60% del salario. Y advirtió:

“Ya le avisamos al ministro de Trabajo. No sabemos hasta cuándo vamos a poder contener a los compañeros. Si hay que poner algo para que cobren, el gremio está dispuesto”.

El secretario gremial del SOEA Martín Morales, apuntó duramente contra Bougain.

“Empezamos mal si la empresa está representada por Bougain, una persona imputada por estafa. Tenemos que correr al directorio, si no lo hacemos, nada de esto sirve”.

Daniel Fernández, también trabajador, agregó:

“Nosotros estamos adentro de las plantas. Cumplimos con la ley. Pero hay compañeros que ya no pueden pagar el alquiler, y otros que no tienen para comer. Nos cortaron los colectivos y seguimos yendo igual. Lo único que sabemos hacer es trabajar”.

Juan Lemos, delegado de la fábrica, por su parte, desmintió la supuesta parada segura:

“Hay caños con aceite, silos con girasol. Esto no es una parada segura. Es una bomba”.

La abogada del gremio SOEA María Laura Campaz exigió certezas:

“Queremos saber si van a cobrar o no. No podemos vivir con esta incertidumbre. Los tiempos del cramdown y de la Corte son largos. En este estado, cualquiera podría pedir la quiebra”.

En ese sentido, Hugo López secretario adjunto del SOEA demandó pagos urgentes:  “La gente no tiene un plato de comida. No vamos a salir de acá sin una solución concreta. En la zona hay muchas empresas que pueden tener problemas si esto sigue así.”

“Están hablando de fasones, lo que hay que conseguir es plata. El horno no está para bollos. Vamos a moler piedra si es necesario, pero con plata.”

Otros Actores
La Unión Agrícola de Avellaneda ofreció adelantar semillas para reactivar la molienda de girasol, pero exige garantías jurídicas y el apoyo de otras cerealeras como (ACA, Bunge).

El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot advirtió:

“La situación es crítica. Necesitamos garantías. No queremos que la Unión Agrícola quede perjudicada por ayudar. La Justicia debe dar certezas para que los que apuestan no queden expuestos”.

 Andrés Shocron, uno de los veedores del concurso resaltó:

“Hoy se están perdiendo los activos y la fuente laboral. No hay ninguna alternativa concreta sobre la mesa para revertir esto”.

Por su parte, Commodities (Mariano Grassi) acusó al directorio de ser el “problema” y descarta invertir sin una intervención que los remueva.

“Espero que sea la última vez que escuche a Bougain. Los directores de Vicentin son el problema. Los activos le interesan a mucha gente. Si quieren pedir la quiebra, háganlo. Nosotros no vamos a ser socios de delincuentes. Nadie serio va a poner plata en este esquema. Necesitamos una intervención ya”.

“Si el obstáculo somos nosotros, no estamos atados a ninguna silla. No vemos dos grupos en pugna. Grassi dijo que no está dispuesto a poner plata en el corto plazo. Cuando se alcance la homologación, esta compañía va a quedar blindada por 12 años con empresas como ACA, Bunge y Viterra”, contestó Bougain quien defendió la legalidad de su gestión y la necesidad de estabilidad para reactivar:

“Nuestros clientes necesitan seguridad jurídica. La posición de los trabajadores de seguir trabajando es valorable. La propuesta de la Unión Agrícola son caminos posibles, pero sin garantías, es inviable avanzar.”

Desde el Gobierno provincial, el ministro de Trabajo y Empleo Roald Báscolo criticó el cierre de las plantas y señala que la soja disponible podría haberse usado para pagar salarios.

El Desenlace Explosivo
La audiencia terminó en caos cuando trabajadores interrumpieron a gritos (“¡Que se pudra todo!”), reflejando la desesperación por cinco años de incertidumbre. El juez Lorenzini suspendió la reunión sin avances concretos, evidenciando que:

El tiempo se agota: La empresa no tiene liquidez ni insumos, y los trabajadores no pueden esperar más.

La división es profunda: Mientras algunos apuestan a la homologación del acuerdo, otros prefieren el cramdown o incluso la quiebra.

La Justicia no ofrece salidas: La demora en las resoluciones judiciales ahonda la crisis.

El caso Vicentin es un laberinto con tres nudos críticos:

Jurídico: ¿Homologación, cramdown o quiebra? Sin decisión judicial, no hay flujo de capital.

Laboral: Los salarios impagos son una bomba social. El sindicato advierte que no puede “contener” más a sus afiliados.

Empresarial: ¿Quién opera la compañía? El directorio actual no tiene credibilidad, pero tampoco hay alternativas consensuadas.

La salida requerirá una intervención urgente (estatal o privada) que priorice el pago a trabajadores y reactive las plantas, pero sin certezas jurídicas, el colapso parece inevitable. La frase de Grassi resuena: “Nadie serio va a poner plata en este esquema”.

Previo a la reunión, los trabajadores de Vicentin le enviaron una carta al juez Lorenzini, aunque esta no contiene firmas, y no salió de la comisión Directiva del SOEA, según confirmaron.

En la misma expresaron: Sr. Juez:

“Sabemos que esta causa lleva años, idas y vueltas que parecen no terminar. Pero este año, para nosotros, fue el peor. Porque esta vez nos tocaron el bolsillo, sí… pero también el alma.

Nos tuvieron en vilo todo marzo para cobrar el sueldo, y hoy-viernes- ya llevamos una semana sin un peso. Y sin embargo, seguimos ahí. No abandonamos nuestros puestos. Seguimos entrando a la planta con la esperanza intacta. Seguimos dando lo mejor de nosotros, aunque no sepamos si mañana tendremos para darle de comer a nuestros hijos.

La empresa no solo no pagó. Nos cortó el transporte. Nos dejó a la deriva. Y lo que más duele es que parece que nadie se hace cargo. Sentimos que la dignidad del trabajador quedó pisoteada.

Dicen que el trabajo dignifica. Pero hoy, por culpa de un directorio lleno de decisiones dudosas, corruptas y desinteresadas, estamos perdiendo lo más sagrado que tiene una persona: la paz, la tranquilidad, la posibilidad de vivir con dignidad. Solo queremos trabajar. No pedimos privilegios. No queremos compasión. Queremos poner en marcha los motores, sentir ese ruido que nos da orgullo y sustento, volver a nuestras casas sabiendo que hicimos lo nuestro, y poder sentarnos en la mesa con nuestras familias sin la angustia de no saber qué va a pasar mañana.

No nos importa quién se haga cargo. Solo queremos que alguien se haga responsable. Porque nosotros no nos rendimos, pero también somos humanos. Y hay familias enteras detrás de cada uno de nosotros que ya no pueden esperar más. Queremos vivir del fruto de nuestro trabajo, no de promesas vacías”, finalizaron.