Las diputadas radicales acompañaron el pedido para que se cumpla la ley de paridad de género y se designe a mujeres en los cargos del Ministerio Público de la Acusación.

Las legisladoras del bloque UCR-Evolución encabezado por Maxi Pullaro acompañaron la adhesión y el apoyo al requerimiento de “Mujeres del MPA por la paridad de género” para la ocupación de los cargos de dirección del Ministerio Público de la Acusación (MPA), “cumpliendo con la Constitución y las leyes que establecen la paridad de género”, un proyecto de la legisladora socialista (FPCyS) Lionella Cattalini que se aprobó hoy en la sesión extraordinaria.

Georgina Orciani, Silvana Di Stefano, Silvia Ciancio, Jimena Senn y Marlén Espíndola destacaron la importancia de que las mujeres estén al frente del MPA: “Es momento de que las mujeres dirijan el MPA de Santa Fe. En 2023 deben renovarse sus máximas autoridades y el Poder Ejecutivo debe organizar los concursos en los que intervendrán representantes de la magistratura, colegios profesionales y del ámbito académico”.

“Santa Fe en 2020 sancionó la Ley N° 14.002 que obliga a cubrir los cargos del Poder Judicial garantizando la paridad de género, cumpliendo de esta manera con la obligación estatal de remover obstáculos en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos que se deriva de instrumentos y recomendaciones internacionales”, expresaron enfáticamente las legisladoras, quienes vienen manifestando en reiteradas oportunidades el incumplimiento de esta ley para los cargos ejecutivos del gobierno provincial.

Asimismo, sostuvieron que es indispensable el acceso de mujeres “especialmente capacitadas y sensibilizadas en materia de género y violencias contra las mujeres y disidencias”. En este sentido, argumentaron que la perspectiva de género “tiene una importancia central para los cargos de decisión del MPA” ya que la persona designada para ocupar el cargo de la Fiscalía General tendrá como misión la dirección y organización de todas las fiscalías de la región, mientras que quienes estén a cargo de las fiscalías regionales tendrán como una de sus principales tareas diseñar la política criminal y el plan de persecución penal que se debe ejecutar en los próximos 6 años. “Sus decisiones determinarán el efectivo acceso a la justicia y la gestión de los intereses de las víctimas en los procesos judiciales”, agregaron.

Por último, fueron contundentes a la hora de hablar de los concursos: “Deben realizarse con perspectiva de género, lo que implica que los antecedentes objetivos deben considerarse teniendo en cuenta las desigualdades en los roles de cuidados entre las mujeres y hombres”. A su vez, indicaron que en las instancias de evaluaciones debe considerarse no sólo la formación teórica en la temática de género sino fundamentalmente que se ponga especial énfasis en la trayectoria de intervención y el compromiso demostrado con dicha temática. “Es fundamental la participación de la sociedad civil en los procesos de selección por ser indispensable para que avancemos hacia un poder judicial más democrático y transparente”, cerraron.